Luego que se dio a conocer que México dejará de aplicar las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), donde llevaba participando desde el año 2000, y con ello se pierde la fuente más detallada de información sobre los conocimientos y habilidades que tienen los alumnos mexicanos, organizaciones de la sociedad civil reprobaron la suspensión de ese examen.
Para diversas organizaciones y especialistas en educación y derechos de la infancia con ello se perderá la posibilidad de analizar el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes.
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En comunicado, Mexicanos Primero; las organizaciones integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México – REDIM, Save The Children en México, los ocho representantes de Sociedad Civil en el SIPINNA, entre otras y expertos precisaron que los resultados de la evaluación han permitido hallar algunas limitaciones estructurales de nuestro sistema escolar.
Los análisis han permitido focalizar acciones para los estados y subsistemas con mayores carencias y para superar elementos de inequidad y de exclusión.
De ahí que se pronunciaron por que la medición se mantenga y se dé a conocer el plan de evaluación, tanto de alumnos como de maestros.
Señalaron que la educación es un bien público y un derecho humano, cuya realización plena requiere de la corresponsabilidad de todas y todos. Los titulares de las obligaciones en México para el derecho a la educación son las autoridades federales y estatales, por lo que las y los ciudadanos debemos activar nuestra libre expresión y nuestro derecho a la participación, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, para pedir cuentas, proponer y colaborar en la promoción y defensa de lo que corresponde al interés superior de la niñez.
Las organizaciones de la sociedad civil remarcaron que el Artículo Tercero establece un mandato muy puntual, pues exige que la educación“…será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad…”. Sin una medición constante y confiable, no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo.
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Las evaluaciones son un elemento de diagnóstico que favorece el ajuste de las intervenciones educativas. Así como en el derecho a la salud el diagnóstico de la condición de cada niña, niño y joven es requisito para la intervención sólida y oportuna a su favor, en el derecho a la educación la evaluación permite corregir ausencias y omisiones en la acción educativa, focalizar poblaciones, rediseñar prácticas, reasignar presupuestos y, en general, tener elementos para superar la inequidad y la exclusión; si se emplean debidamente, son un elemento crucial de la consolidación y de la restitución de derechos de infancia y juventud en su proceso educativo, entendido como el despliegue libre de todas sus potencialidades.
Convocaron a cumplir lo que dice el artículo tercero de la Constitución sobre la educación de “excelencia” que debe haber en el país, y agrega que “sin una medición constante y confiable no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo”.
En días pasados, la revelación la realizó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), e indicó que Tue Halgreen, funcionario de PISA en París, Francia, confirmó vía correo electrónico a la asociación civil que el país suspendió la prueba para estudiantes de secundaria, pues no se están aplicando las pruebas de campo que ya inició en las demás naciones.
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