El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, no haya abierto un espacio en su agenda para escuchar la situación que guardan los derechos humanos en México.
Ello debido a que no aceptó un acto público para que se le presentara personalmente el informe anual 2018 de actividades del organismo nacional.
En una conferencia de prensa, el titular de la CNDH refirió que en los primeros meses de gestión del nuevo gobierno federal "se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como una premisa.
Además, es importante comentar que por primera vez en la historia de la CNDH, un presidente de la República no recibirá de manera personal el informe anual del organismo.
González Pérez dijo que su informe anual de labores correspondiente a 2018, “se concretó en un hecho por completo inédito, mediante la entrega de una versión impresa del mismo a la titular de la Secretaría de Gobernación, conforme nos fue solicitado en la respuesta que se dio a las solicitudes que, desde la CNDH se hicieron, para que se realizara un acto de presentación formal ante el Presidente de la República.
Refirió que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, lo cual ocasionó que las materias y ámbitos de las vulneraciones denunciadas ante este Organismo Nacional fueran múltiples, así como diversos los grados de gravedad de las mismas, siendo las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos, dando continuidad con ello a una tendencia que se presenta desde hace varios años.
Luis Raúl González indicó que es claro que el sector salud presentó serios retos y deficiencias durante 2018, sin embargo, el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que esta situación pueda revertirse en el año en curso.
Resultan preocupantes las declaraciones que recientemente se han hecho identificando el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el Gobierno de la República.
Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, ello no puede implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho.
No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente.
En lo relativo al ámbito de la seguridad y la justicia, si bien las variaciones numéricas registradas a la baja, en algunos casos, podrían interpretarse como algo positivo, lo cierto es que no existen números o parámetros aceptables de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, aún cuando tales hechos se pretendan justificar en la implementación de acciones para preservar la seguridad y combatir la criminalidad.
Las personas se duelen de que tanto autoridades militares como civiles vulneran sus derechos humanos y existe temor en presentar las denuncias correspondientes, siendo un hecho que es necesario entender y atender pertinentemente.
El número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019, la diversificación y alcances de las actividades que lleva a cabo el crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida, los ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, el notable aumento de los casos de linchamiento, la subsistencia de las desapariciones.
Así como el agravamientos de las agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y miembros de nuestras fuerzas armadas, son tan sólo algunos de los elementos que nos reiteran la necesidad de abordar la crisis que México vive en materia de violencia e inseguridad, bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como lo es la Guardia Nacional, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.
El titular de la CNDH expuso que los factores referidos propiciaron, entre otras cosas, que durante 2018 subsistieran problemas tan graves como los miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como la violencia en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, mismos en los que la cifra de homicidios durante 2018 registró un total de 17 casos.
Estos problemas requieren atención pertinente y urgente, no sólo medidas paliativas o coyunturales y constituyen pendientes en la agenda para 2019 en el ámbito de los derechos humanos.
No debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe fortalecerse para qué, mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos, sea opción de vida para las mexicanas y mexicanos, logrando que nuestro país cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos. La capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen o a sus ideas o filiaciones políticas o ideológicas. El servicio público debe dejar de ser un instrumento político o de gobierno, para recuperar su esencia de servicio al Estado y a la sociedad que ello trae consigo.
"Si un ataque o agresión a un elemento policial, de las fuerzas armadas o de cualquier otro cuerpo de seguridad permanece impune, es porque la autoridad ministerial no ha cumplido con su obligación de investigar y perseguir el delito, siendo esa omisión o falta de actividad una conducta que sí podría violar los derechos humanos de los servidores públicos agraviados, al negarles el derecho a que se les imparta justicia.
"De igual forma, viola los derechos de los elementos policiales o de otros cuerpos de seguridad, quien los hace participar en acciones deficientemente planeadas y organizadas, y no ejerce un mando efectivo y adecuado cuando las mismas se complican, abandonando a su suerte a los elementos involucrados y propiciando que sean objetos de agresiones, vejaciones y riesgos innecesarios, o bien, que incurran en excesos en su actuación frente a terceros".
El ombudsman nacional informó que no sólo entregó a la secretaria de Gobernación el informe anual 2018 de actividades de la CNDH, sino también el discurso que hubiera leído durante en caso de que se hubiese celebrado el acto público ante el presidente López Obrador, el informe sobre el estado de cumplimiento que guardan las recomendaciones emitidas por el organismo a su cargo durante 2019 y la agenda básica de derechos humanos 2019.
Por primera ocasión en los casi 29 años de historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un titular del Ejecutivo federal no recibirá de manera personal el informe anual de ese organismo.
El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, se reúne esta mañana en privado en el Palacio de Cobián con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien recibirá a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador el informe de la CNDH.
Al filo del mediodía, el presidente del organismo ofrecerá una conferencia de prensa, la cual se prevé que será en torno a este tema.
