Aunado a ello, la violencia feminicida no distingue edad y tampoco se frena frente a niñas y adolescentes que también son víctimas de esta violencia de manera brutal, como es el caso de la niña Fátima Aldrighetti, desaparecida el 11 de febrero de este año, asesinada, hallada sin vida y abandonada el 16 febrero.
Ante esa nueva infamia, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmó que las mujeres en México viven un contexto generalizado de violencia, en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen prácticamente ausentes y omisas.
Otra vez, se han hecho públicas, diversas manifestaciones de indignación y repudio contra la violencia feminicida en México, particularmente luego del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, asesinada el pasado 9 de febrero en la Ciudad de México.
El clamor en busca de justicia es también el grito de desesperación de miles de mujeres y jóvenes que exigimos una respuesta real al problema, en la que al menos 10 hombres al día acaban con la vida de las mujeres.
Ha quedado evidenciada, la ausencia de una política integral que garantice en México, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por el contrario, día con día se expone a la luz pública, la falta de voluntad política para poner en primer lugar la atención al delito del feminicidio, que de acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incrementó 137.5% durante los últimos cinco años.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio resaltó que ha quedado evidenciado también: el desconocimiento del tema, la falta de perspectiva de género y la ausencia de una política real de prevención y atención impulsada desde el Ejecutivo Federal, que llegué hasta los municipios más recónditos del país, como símbolo que materialice el compromiso de las autoridades para poner fin a la violencia feminicida.
En 2019, solo 976 casos fueron iniciados como feminicidio, pues existe aún mucha resistencia, discriminación y deficiencias que derivan en la impunidad, a pesar de la gravedad y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres.
Ante ello, es impostergable que el Ejecutivo Federal, tome acción y a la brevedad: Construya de la mano de familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, sociedad civil y organismos internacionales, una política integral con perspectiva de género para combatir el feminicidio en México.
Instruya a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a hacer públicos los avances en la implementación del Plan Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México presentado en marzo de 2019.
Instruya a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a hacer públicos e implementar de manera urgente y efectiva, las estrategias de prevención a la violencia feminicida en nuestro país.
Promueva la estandarización e implementación de los Protocolos de Investigación del Delito de Feminicidio, bajo los estándares de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “Mariana Lima Buendía” que tenga como fin el cese a la impunidad.
De manera respetuosa, hacemos un llamado a las mujeres en puestos de poder y conocimiento en la materia, para que en el ámbito de sus competencias, contribuyan al impulso y seguimiento de acciones que puedan derivar en el fortalecimiento de una política integral con perspectiva de género, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que erradique la falta de respuestas eficaces que hasta la fecha prevalece por parte de las autoridades.
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