El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó un amparo al estudiante Marco Antonio, víctima de desaparición forzada por parte de elementos policiacos de la Ciudad de México y Estado de México, y determinó que el joven fue objeto de una violación grave de sus derechos.
El caso de Marco Antonio se hizo viral cuando sus familiares y amigos hicieran una campaña de búsqueda, luego de que el joven fue captado el 23 de enero de 2018 por cámaras de seguridad siendo atacado por uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús.
Marco Antonio, entonces de 17 años, fue golpeado y torturado a bordo de una patrulla y abandonado; para aparecer 5 días después en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México con severos daños de salud.
A más de un año del suceso y de exhaustivo análisis se determinó otorgar el amparo al joven, junto con su familia, pues se les fue negada la protección de la justicia federal, ya que ni las autoridades de la Ciudad de México, ni las del Estado de México aceptaron el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
El amparo busca dictar las medidas necesarias, efectivas e idóneas para lograr la localización de la persona y que cesen las violaciones de derechos humanos en su contra y contra las víctimas indirectas, como los familiares, y asegurar su comparecencia.
El Poder Judicial indicó que la administración de Miguel ángel Mancera, junto con las autoridades capitalinas de ese tiempo trataron de minimizar el hecho, negando la existencia de la detención y argumentando que se trataba de otro “adolescente problemático”, generando así, la revicimización de Marco Antonio y su familia.
Ante la decisión del juez organizaciones defensoras de los derechos humanos se sienten satisfechas, sin embargo, aseguran que continuarán de cerca el cumplimiento de las medidas de reparación integral por parte de instituciones y autoridades implicadas.
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