La defensa de Rosario Robles Berlanga presentó una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera librar en su contra un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la Estafa Maestra.
Su abogado Julio Hernández informó que la demanda de garantías fue presentada ante el Poder Judicial de la Federación y será en las próximas horas que se turnara a un juez de amparo.
El amparo "buscador" es con el fin de saber si la Fiscalía General de la República ha solicitado a un juez federal alguna orden de aprehensión en su contra, antes de presentarse ante un juez de control el próximo 8 de agosto.
En la demanda de garantias, la defensa, solicitó la protección por la presunta violación a sus derechos humanos, debido a que no fue requerida por la Fiscalía General de la República para informarle que era investigada, lo que ha impedido que tenga una defensa adecuada, además de que se filtró la indagatoria.
Hernández indicó que la demanda es por todas las violaciones que ha cometido la FGR y por la filtración de la existencia de la carpeta de investigación donde se busca imputar a su cliente del delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
De lo que se queja el litigante, es que nadie les ha dado acceso a la carpeta de investigación por lo que no saben los hechos que motivan la acusación.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia estelar de la pasada administración federal, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que también fue titular Rosario Robles, desvió poco más de dos mil 224 millones de pesos a través de 10 convenios firmados con la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México.
La denominada “Estafa Maestra”, fue detectada a raíz de las revisiones de la Cuenta Pública 2013 y 2014, donde la Auditoria Superior de la Federación (ASF), detectó que estos recursos millonarios fueron entregados a 20 empresas que eran fantasma, estaban bajo investigación del SAT por operaciones irregulares o no tenían registro ante la Secretaría de Economía (SE).
