Las suspensiones que otorgaron 2 jueces federales para impedir por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen que reforma el Poder Judicial, es un intento de inhabilitación del funcionamiento del poder legislativo, consideró Pablo Gómez, titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF).
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El funcionario participó este lunes en la celebración de la Publicación de la Reforma a la Constitución de la Ciudad de México en Materia de Propiedad Privada, Pública y Social y allí, calificó como un golpe del Poder Judicial a la soberanía popular que la ciudadanía depositó en los diputados que eligió en las elecciones del pasado 2 de junio.
“En la suspensión provisional ha quedado resuelto el supuesto fondo del supuesto juicio de amparo. Lo que tenemos aquí es un intento de inhabilitación del funcionamiento del poder legislativo desde un par de juzgados de distrito, bajo la piadosa mirada del Consejo de la judicatura Federal. Y se trata de algo irónico después de que se ha renovado todo el congreso en una elección realmente trascendente por su transparencia y por sus resultados concluyentes, se intenta dar un golpe contra la soberanía popular que ha sido depositada para su ejercicio en representantes elegidos con capacidad para legislar”, expuso.
Pablo Gómez mencionó que en estos años de transformación casi todo ha sido un conflicto, "eso ya se esperaba, no creo que nadie hubiera esperado otra cosa, lo que está presente es la disputa sobre quienes han de tomar las decisiones, eso se llama, desde hace milenios, la lucha por el poder".
“Sin embargo, un gran aporte de la nueva situación política de México y de la nueva forma de gobernar, es que esa lucha por el poder no solo se ha transparentado, sino que, además, se han hecho evidentes los verdaderos motivos de cada segmento involucrado”.
Obstaculizan reformas sociales y económicas
Y comentó que no ha sido sencillo ejercer un gobierno transformador siendo obstaculizado de manera sistemática por la mayoría de quienes integran el Poder Judicial. Cuando se está en la lucha política, a veces se olvida que no solo hay gobierno y legislatura, sino que también hay jueces, quienes no pueden hacer reformas sociales y económicas, pero pueden en cambio obstaculizarlas, y que muchos han sido llevados a la Judicatura justo para proteger el statu quo, incluyendo el viejo Estado corrupto dentro del cual viven, dentro del cual se desempeñan.
“México tuvo uno de los sistemas judiciales más abyectos al poder político, luchamos contra eso y no queremos volver a tan despreciable situación, pero esa corrupción judicial que padecimos por décadas, luego que la izquierda se hizo del gobierno y de la legislatura, se convirtió en militancia oposicionista, porque no solo es “la mordida” que se cobra muchas veces, sino los intereses sociales y políticos que se representan”.
Y se preguntó qué independencia judicial existe cuando desde los tribunales se han combatido por sistema las reformas del Gobierno de la Transformación justamente con argumentos de la derecha y muchas veces en grosera violación de textos constitucionales; se ha llegado al extremo de que cuando la Carta Magna dice “no”, los ministros leen “sí”. De esa forma, un ministro admitió una controversia y al mismo tiempo suspendió el decreto de reformas electorales, pero quien había presentado el recurso carecía de capacidad para eso e incluso lo tiene prohibido en el texto constitucional, claramente.
México es el único país donde la autoridad administrativa electoral, encargada de aplicar las leyes precisamente electorales, ha logrado –o logró antes, la situación cambió por fortuna– que deje de tener vigencia un decreto de esa materia expedido por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo el día anterior. ¿Acaso en la Corte no han leído el Artículo 105 de la Constitución? De seguro que sí, este no es un problema de sabiduría jurídica, sino de conversión del Poder Judicial en un bloque de oposición.
Ahora tenemos a una juez y a un juez tratando de impedir que la Cámara de Diputados discuta un proyecto. Pero ¿es que se quiere que en el Poder Judicial se deba decidir si se enlistan en el orden del día, de alguna de las Cámaras del Congreso, un determinado asunto que no sea del agrado de ciertos juzgadores?
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