La organización civil El Poder del Consumidor (EPC), informó que en días pasados se presentaron diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios actuales y ex funcionarios de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), relacionados con posibles conflictos de interés y el ocultamiento de los mismos.
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Detalló que presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de altos ex funcionarios de la COFEPRIS, incluidos Mikel Arriola, Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega asimismo, contra de funcionarios de la COFEPRIS que no han cumplido con las resoluciones del INAI, en las que se les ordenó buscar y entregar información sobre estas comunicaciones de Coca Cola y los ex funcionarios de COFEPRIS.
Las denuncias en las que se presume un conflicto de interés se presentaron por las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, altos miembros de la COFEPRIS, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa Coca-Cola.
¿UN ETIQUETADO HECHO A MODO?
En una conferencia de prensa, Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica de El Poder del Consumidor, destacó que la finalidad de estas reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales.
También, las comunicaciones reflejan que la COFEPRIS y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que habían sido presentados, en 2014 y 2015, por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil, contra la autoridad y la empresa.
Desde 2011, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola.
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Se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos, que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades.
Posteriormente, en 2014 y, mediante un proceso opaco en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales y en desapego a la ley, la COFEPRIS al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado.
Además, mediante solicitudes de acceso a la información, se pidió información sobre la creación de este etiquetado, sobre el cual, la COFEPRIS respondió que el etiquetado no había sido elaborado por un grupo de expertos, únicamente por dos abogados y una ingeniera.
SE PRESENTARON DEMANDAS
Una de estas personas, informó COFEPRIS fue Patricio Caso Prado, exfuncionario de la misma Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola. Ante la opacidad de la autoridad y la ineficiencia del etiquetado, el Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles, interpusieron demandas de amparo en contra de la COFEPRIS, llamando al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias, como Jugos del Valle, como terceras interesadas.
A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020 se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero.
En los correos se expresaba que los miembros de la COFEPRIS entre 2013 y 2016 se habían reunido con el personal de Coca-Cola para dos temas. El primero, colaborar mutuamente en la elaboración del etiquetado GDA.
El segundo, colaborar en una defensa sobre los litigios presentados por EPC y otras organizaciones contra la COFEPRIS y Coca-Cola, en las que se incluyen documentos con información para las pruebas periciales de los juicios y propuestas de reuniones entre funcionarios y personal de la refresquera.
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Javier Zúñiga refirió que no toda la información fue otorgada, por lo que, se buscó más información sobre estos correos, mediante solicitudes de acceso a la información.
Ante esto, la respuesta de la autoridad fue declarar lo solicitado como inexistente. También se informó que, por política de correo interna, cada funcionario era responsable del uso de su información contenida en cuentas institucionales.
Al no encontrarse la información, se presume que la información solicitada pudo haber sido destruida por los propios funcionarios involucrados en las comunicaciones.
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