/ lunes 11 de noviembre de 2019

Impulsa diputada tipificar el delito de sabotaje informático

Prisión de 4 años y multa de 1,500 pesos

La diputada federal de Morena, Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, impulsa una iniciativa que propone imponer penas de cuatro a ocho años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, a quien dolosamente inutilice, altere o dañe temporal o permanentemente, un sistema informático, archivos electrónicos o portales electrónicos de consulta de información a los que hace referencia la Ley General de Archivos.

La diputada explicó que existe una nueva modalidad de delitos que consiste en pequeños ataques informáticos, pero de manera constante, que no producen perjuicios notables que alerten a las víctimas, centrados principalmente en infectar computadoras, clonar tarjetas bancarias, destruir bases de datos de empresas o de instituciones de gobierno.

Abundó que el problema de fondo es que la mayoría de los delitos informáticos permanecen en la impunidad, ante esta situación, impulsa tipificar en el Código Penal Federal el delito de sabotaje informático.

Que tiene lugar cuando alguien modifica, desvía, elimina, daña o realiza cualquier acto que altere ilícitamente el normal funcionamiento y contenido en los sistemas de información, tecnologías de la información o cualquiera de sus componentes, para obtener un beneficio para sí o para otro.

“Hoy, las tecnologías de la información se han convertido en herramientas indispensables para nuestras actividades cotidianas y como pilar fundamental para potenciar el crecimiento de las economías del mundo. Son la mayor fuente de consulta de información y una de las mayores plataformas comerciales, por lo que también son el medio frecuente para realizar actos ilícitos”, afirmó.

Subrayó que el sabotaje informático abarca todas las conductas dirigidas a eliminar o modificar funciones o datos en una computadora sin autorización, para obstaculizar su correcto funcionamiento, es decir, causar daños en el hardware o en el software de un sistema.

Además, los métodos utilizados para atacar los sistemas informáticos son de índole muy variada y han evolucionado hacia técnicas cada vez más sofisticadas y de difícil detección.

Barrera Badillo consideró que los ataques informáticos constituyen un problema cada vez más grave a escala mundial, a tal grado que países como Estados Unidos han designado comisiones especiales destinadas a establecer el potencial de daño que representan los sabotajes informáticos.

Recordó que a nivel global, en 2017, el costo de los sabotajes informáticos para las empresas aumentó en 27.49 % en comparación con 2016, y compañías de Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, gastaron en conjunto 11 mil 700 millones de dólares en tratar de mitigar los ciberataques.

A escala regional, de acuerdo con información de Microsoft y la OEA, el costo de los sabotajes informáticos alcanzó 800 millones de dólares en Brasil, 300 millones en México y 460 millones en Colombia, además, destacan que la industria financiera es de las más expuestas a ataques de este tipo; por tanto, es de las que más invierte en seguridad para prevenir el fenómeno.

La diputada federal de Morena, Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, impulsa una iniciativa que propone imponer penas de cuatro a ocho años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, a quien dolosamente inutilice, altere o dañe temporal o permanentemente, un sistema informático, archivos electrónicos o portales electrónicos de consulta de información a los que hace referencia la Ley General de Archivos.

La diputada explicó que existe una nueva modalidad de delitos que consiste en pequeños ataques informáticos, pero de manera constante, que no producen perjuicios notables que alerten a las víctimas, centrados principalmente en infectar computadoras, clonar tarjetas bancarias, destruir bases de datos de empresas o de instituciones de gobierno.

Abundó que el problema de fondo es que la mayoría de los delitos informáticos permanecen en la impunidad, ante esta situación, impulsa tipificar en el Código Penal Federal el delito de sabotaje informático.

Que tiene lugar cuando alguien modifica, desvía, elimina, daña o realiza cualquier acto que altere ilícitamente el normal funcionamiento y contenido en los sistemas de información, tecnologías de la información o cualquiera de sus componentes, para obtener un beneficio para sí o para otro.

“Hoy, las tecnologías de la información se han convertido en herramientas indispensables para nuestras actividades cotidianas y como pilar fundamental para potenciar el crecimiento de las economías del mundo. Son la mayor fuente de consulta de información y una de las mayores plataformas comerciales, por lo que también son el medio frecuente para realizar actos ilícitos”, afirmó.

Subrayó que el sabotaje informático abarca todas las conductas dirigidas a eliminar o modificar funciones o datos en una computadora sin autorización, para obstaculizar su correcto funcionamiento, es decir, causar daños en el hardware o en el software de un sistema.

Además, los métodos utilizados para atacar los sistemas informáticos son de índole muy variada y han evolucionado hacia técnicas cada vez más sofisticadas y de difícil detección.

Barrera Badillo consideró que los ataques informáticos constituyen un problema cada vez más grave a escala mundial, a tal grado que países como Estados Unidos han designado comisiones especiales destinadas a establecer el potencial de daño que representan los sabotajes informáticos.

Recordó que a nivel global, en 2017, el costo de los sabotajes informáticos para las empresas aumentó en 27.49 % en comparación con 2016, y compañías de Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, gastaron en conjunto 11 mil 700 millones de dólares en tratar de mitigar los ciberataques.

A escala regional, de acuerdo con información de Microsoft y la OEA, el costo de los sabotajes informáticos alcanzó 800 millones de dólares en Brasil, 300 millones en México y 460 millones en Colombia, además, destacan que la industria financiera es de las más expuestas a ataques de este tipo; por tanto, es de las que más invierte en seguridad para prevenir el fenómeno.

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