Ciudad de México.- La implementación de la Guardia Nacional cumplió dos años. Es de claroscuro su presencia y efectividad en la Ciudad de México y el resto del territorio nacional. Los expertos resaltan que la violencia e inseguridad están imparables, pese a que la corporación consolidó su viraje castrense y ha crecido 5 veces más de lo programado.
Son muchas las críticas y preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, y de derechos humanos. Pese a los cuestionamientos su consolidación en el presente sexenio es un hecho. En 2022, Guardia Nacional incrementará elementos y construirán cuatro cuarteles en la capital mexicana.
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La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que para el próximo año habrá un incremento de sus elementos en la capital. En la Ciudad de México hay más de dos mil elementos en diferentes demarcaciones, para resguardar las calles de Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.
El destacamento que se construirá en la alcaldía Gustavo a Madero, en la colonia Chalma de Guadalupe, forma parte del gran terreno que tenía hace años el Reclusorio Norte. El cual se ha fraccionados en otros reclusorios, juzgados y un tiempo un penal femenil. La organización Causa en Común consideró que a dos años de su puesta en operación, la corporación es una extensión de las Fuerzas Armadas, a la que además suma sus 46 atribuciones.
Y cuestionó que pese a la presencia de la Guardia Nacional, el crimen y la violencia no han disminuido, como lo acreditan las cifras oficiales que difunde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La impunidad con que actúan bandas de asesinos, permite la multiplicación de matanzas en distintos estados del país.
A decir de esta organización de la sociedad civil, no se requieren despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, de vinculación ciudadana y apoyados en una auténtica política de prevención. “Ante todo, se requiere, que el gobierno federal asuma su responsabilidad de enfrentar a los grupos criminales”, afirmó la presidenta María Elena Morera.
Citó que contrario a lo manifestado por el presidente y su equipo durante años, en junio del 2019 inició operaciones la Guardia Nacional, no como cuerpo civil, sino como corporación militarizada. A dos años del inicio de sus operaciones, la Guardia Nacional es una simple extensión de las Fuerzas Armadas.
“El gobierno federal promueve un marco de actuación militar ambiguo, discrecional y sin controles. Por una parte, se construye una corporación militar y no civil, y, por otra parte, se desnaturaliza la institución castrense otorgándole una responsabilidad policial”, refiere.
Causa en Común resaltó que no sólo se le otorgaron a las Fuerzas Armadas responsabilidades de seguridad pública a nivel constitucional. Ahora, el presidente de la República anuncia la intención de que la “nueva” corporación se integre formalmente a las Fuerzas Armadas, lo que consumaría el engaño político de ofrecer una corporación civil, y el fraude a la Constitución.
Para la organización de la sociedad civil, la Guardia Nacional viola la Ley, no sólo por su carácter militar, sino por incumplir disposiciones esenciales para cualquier corporación de seguridad civil, como son las relativas al control de confianza.
De acuerdo con información pública, la Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad pública con un mayor incumplimiento en este rubro, con menos de un diez por ciento de su personal operativo con el certificado correspondiente. Además, es notoria la desinformación y opacidad con la que se conduce, pues fuentes oficiales han brindado información contraria e incompleta respecto a sus procesos de creación, integración, operación y despliegue.
Informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense.
El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez A.C, presentó su informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, donde resalta que “en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública, para tornar más eficientes las políticas de seguridad, reducir violaciones a derechos humanos y reconducir la relación cívico-militar en la lógica de una democracia que apuesta por la vía civil."
Describió que las promesas de campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador generaron expectativas sobre una revisión del modelo de seguridad y, específicamente, sobre el posible inicio de una gradual desmilitarización de la seguridad pública.
Contrario a ello, expuso el Agustín Pro, muy pronto se anunció la creación de la Guardia Nacional; la participación en ésta de las Fuerzas Armadas comenzó a poner en duda las expectativas levantadas, aun cuando en principio la reforma constitucional por la que fue creada la nueva corporación preservó su carácter civil y mantuvo abierta la posibilidad de generar controles externos para impedir que fuese un vehículo para profundizar la militarización. Pero lo que ocurrió después acabó con cualquier expectativa.
Las leyes secundarias de la Guardia Nacional se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas, remarcó. En mayo de 2020, en medio de la pandemia, se emitió un Acuerdo Presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta 2024.
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De esta manera, la militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos se acompañan por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones.
No cambian violaciones de derechos humanos
Hizo énfasis en que algunos de los patrones documentados de violaciones a derechos humanos no han cambiado. No se ha llamado a cuentas a las Fuerzas Armadas por la “Guerra Sucia”; se ha prodigado impunidad en la mayoría de los crímenes castrenses de la "Guerra contra las Drogas"; y los nuevos casos de violaciones a derechos humanos no han desembocado en procesos de justicia y verdad.
Además, resaltó que el 15 de junio de 2021, durante su conferencia matutina, el Presidente anunció que promoverá una reforma constitucional adicional para asegurar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional –“como una rama”, así como existe la Fuerza Aérea.
“Ante esta realidad, desde la perspectiva de un centro de derechos humanos que acompaña víctimas y retomando los importantes aportes de las múltiples voces que en estos años han advertido sobre los riesgos del creciente fortalecimiento castrense”.
El informe da cuenta del proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización en este sexenio, con la convicción de que ésta redunda en riesgos y con la congruencia de haberlo advertido así también ante gobiernos pasados.
La organización civil resaltó que tradicionalmente, la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones: primero, la relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia.
Segundo, la vinculada con que este despliegue suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y, tercero, la asociada con que el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
Signos Vitales: no se ha explicado criterios para desplegar a la GN
La organización Signos Vitales consideró que la Federación no ha explicado los criterios para desplegar a la Guardia Nacional, que como se sabe, ha suplido un conjunto de tareas propias de las policías estatales y municipales, así como de la extinta Policía Federal.
Durante el primer año de gobierno, la presente administración desplegó la mayor cantidad de elementos, en términos absolutos, en el Estado de México (8,579), Michoacán (4,362), Oaxaca (4,323), Veracruz (4,198) y Jalisco (3,848).
Al analizar el despliegue en función de la población, se observó que Quintana Roo, Colima, Zacatecas y Oaxaca son los estados con mayor apoyo de la Guardia Nacional, a pesar de que las tasas más altas de homicidio por cada cien mil habitantes las tienen Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos.
El pasado 29 de junio, el presidente López Obrador dio a conocer que en menos de dos años se han construido 165 cuarteles para la Guardia Nacional. Los colectivos feministas señalan que no creen que se disminuirán los feminicidios en México con la unidad especial dentro de la Guardia Nacional, que ayudaría a las investigaciones de casos de asesinatos de mujeres y violencia de género.
Los datos no mienten, indican expertos en seguridad. Y lejos de bajar, los asesinatos, masacres, feminicidios, robos, asaltos, extorsiones, secuestros, y otros delitos comunes en México, suben pese a la Guardia Nacional. Inclusive, el crimen se ha apoderado de regiones que antes parecían en calma. Cifras oficiales revelan que a fines de mayo, en nuestro país se registraron más de 12.000 asesinatos.
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Causa en Común y el Semáforo Delictivo han documentado que, en los tres años de la actual administración, han sido los más violentos desde que existe el registro. Información oficial cita que la Guardia Nacional está distribuida en cerca de 200 bases, se han desplegado algo más de 100.000 agentes de la corporación en el país y se tiene la meta de llegar a los 150 mil.