Durante el 2021, se cometieron en el país, al menos, 5,333 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como “atrocidades”, es decir 14 actos de grave crueldad al día, atribuidas según algunos expertos, a la disputa por la ruta del tráfico de fentanilo entre cárteles de la droga en el país.
En promedio, se registraron en medios de comunicación al menos 445 atrocidades cada mes. Tortura, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, fosas clandestinas, masacres, asesinato de mujeres con crueldad extrema y asesinato de niñas, niños y adolescentes, fueron las principales crueldades.
Así lo revela el estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios” elaborado por Causa en Común.
En el foro virtual, participaron la activista Eliana García, el especialista en seguridad David Saucedo, el investigador Bernardo León y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y dijeron que la cifra obtenida en el análisis muestra que en el 2021 se registraron 529 masacres, 556 fosas clandestinas, 373 asesinatos de infantes y adolescentes.
Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres con 837 casos, 69 actores políticos asesinados, 9 periodistas ejecutados, 356 calcinamientos, 42 linchamientos y al menos 279 intentos de linchamientos, 27 actos de terrorismo, 1151 de tortura, asesinato de funcionarios y actores de relevancia en seguridad social 181, violación agravada 75, intento de linchamiento 279 y casos de ese delito con 42.
El asesinato de 490 mujeres, que además del feminicio, algunas las matan con crueldad extrema, apuntó María Elena Morera.
Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades incluyen Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Puebla, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa mantienen una disputa territorial que el gobierno federal no ha logrado detener a pesar del incremento de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, citaron los especialistas.
El experto en seguridad, David Saucedo, citó que en estados como Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, las confrontaciones entre organizaciones criminales ya son una guerra civil con atrocidades de una violencia “inaudita” comparada con la peor época de Colombia; estas entidades, junto con otras, muestran claramente la definición de la ruta del fentanilo y “contagian a otras”, sin que la fecha exista un plan de seguridad federal para detenerlo.
De acuerdo a Eliana García, activista y especialista en materia de seguridad, en el país no existe una política de seguridad más allá del desplazamiento de elementos castrenses y afirmó que la situación solo muestra el “desgobierno” que permite las atrocidades que se pueden calificar como crímenes del estado porque las autoridades lo permiten con los altos niveles de impunidad existentes.
Causa en Común precisó que se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Angélica Canjura, investigadora de esta organización detalló que los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante el 2021 fueron: Veracruz con al menos 827; Guanajuato con 802, Chihuahua 721, Zacatecas 621, Jalisco con 617.
Asimismo, encabezan la lista de atrocidades Guanajuato, con al menos 586; Jalisco, con al menos 374; Michoacán, con al menos 307; Chihuahua, con al menos 295; y Veracruz, con al menos 279.
Eliana García señaló que en México “estamos viviendo un proceso de involución a la barbarie”. Subrayó que no importa quién gobierne, “la violencia es incontenible y no se combate con militares en las calles o con militares disfrazados de policías”.
El especialista David Saucedo señaló que “la ruta de la violencia está afectando a todos los estados de México, pues lo que se ha visto es un sucesivo contagio de la violencia de estado tras estado”. En este sentido, afirmó que “una de las estrategias de seguridad tendría que ser impedir que este contagio se incremente”.
Bernardo León afirmó que “la ausencia de gobierno es la principal causa de la descomposición social”. Resaltó que “tenemos medio millón de policías, 15 mil ministerios públicos, 30 mil policías ministeriales [...]
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Debemos anular las restricciones a las facultades de investigación de las policías para lograr una oportuna intervención en los inicios de las 2 carreras criminales, frenar las más avanzadas y dar certeza a las autoridades para que puedan hacer su trabajo sin temor de consecuencias o represalias administrativas y legales”.
Finalmente, María Elena Morera alertó que, ante este panorama, es imperativo emprender el rescate de nuestras policías y revertir el proceso de militarización, el cual pone en riesgo nuestra democracia, y además no sirve para atender problemas de seguridad pública.
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