México.- La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala a través de su vocero, Jesús Gutiérrez Valencia, exigió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la destitución inmediata del delegado de dicha dependencia en Chiapas, Ignacio Alejandro Vila Chávez por violar derechos humanos de mujeres indígenas y hacer uso de influencias para beneficiar a terceros en casos evidentes de crímenes en contra de líderes sociales.
En tanto que al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República no simular el procedimiento administrativo iniciado Ignacio Alejandro Vila Chávez, pues debe ser castigado ejemplarmente. Asimismo, al gobernador de Chiapas, le advirtieron los riesgos sociales que tendría el proponer a dicho funcionario como fiscal del estado.
La CNPA- MN demandó al Congreso del estado de Chiapas, no designe a este funcionario como Fiscal del estado pues ha quedado demostrado que a todas luces no garantiza el acceso a la justicia para los chiapanecos. Recordó que el 28 de septiembre pasado, a través de Gladys Escobar Jiménez se interpuso una denuncia contra actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de Ignacio Alejandro Vila Chávez, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chiapas.
Después de ciertas resistencias y objeciones basadas en consideraciones erróneas y no en argumentos legales, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, notificó a los asesores legales de la viuda del defensor de derechos humanos, Noé Jiménez Pablo, el inicio del procedimiento administrativo instaurado en contra de Ignacio Alejandro Vila Chávez Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de Chiapas, por haber incurrido en conflicto de interés al encontrarse impedido para resolver sobre la petición de ejercicio de la facultad de atracción, que en su momento solicitó Francisco Jiménez Pablo, líder de la CNPA MN.
El conflicto de interés se suscitó, porque el Delegado Estatal de la FGR es hermano de Rafael Arturo Vila Chávez, quien fungió como defensor particular de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, uno de los responsables de la desaparición, tortura y asesinato de nuestros los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, perpetrado el 17 de enero de 2019, en el municipio de Amatán, Estado de Chiapas.
Rememoró que 14 de octubre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 39/2020/VG, sobre la investigación de violaciones graves a derechos humanos acontecidas durante el conflicto social suscitado en el Municipio de Amatán, Chiapas, que derivaron en la ejecución arbitraria o extrajudicial de los líderes sociales antes citados así como la privación de la vida de Carlos Mayorga Guerrero, con la tolerancia de servidores públicos federales, estatales y municipales.
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