A una auténtica bancarrota ha conducido a más de 150 mil pequeños y medianos productores de leche –herederos de hasta seis generaciones—la pasividad del gobierno federal al “dejar pasar y dejar hacer” a fabricantes y adulteradores de decenas de marcas de leche “que no es leche”.
“Son compuestos preparados supuestamente con leche en polvo descremada, pero enriquecida con grasa vegetal, vitaminas, minerales y otros elementos, entre ellos conservadores. Esto pone en riesgo el bolsillo y la salud de los consumidores. ¿Y las secretarías de Salud y Economía?”. Nadie sabe, nadie supo.
Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, así lo señaló durante una entrevista, y expresó que es necesario ordenar el sistema productivo, de industrialización y comercialización del alimento, de tal forma que “no sea el gremio productivo el que menos gane en toda la cadena del Sistema Producto Leche y sus Derivados”.
Los ganaderos lecheros enfrentan una problemática “que se viene arrastrando desde hace 25 años, cuando se negoció el primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sin que se haya consultado a los productores, de igual manera, antes y durante las negociaciones para la firma del ahora denominado T-MEC”, afirmó Álvaro González.
Planteó al gobierno federal la aplicación de una normatividad y reglas claras para la industrialización y comercio de leche y sus derivados. “Se dan casos de que grandes empresas comerciales y tiendas de autoservicio cuentan con empresas concesionarias, de su propiedad o independientes, que les maquilan diversas marcas propias para luego incorporarlas a sus esquemas comerciales con ganancias por arriba de lo que reciben los productores nacionales”.
Explicó que, en instituciones del gobierno relacionadas con la normatividad para la producción y comercialización, se tiene la creencia de que, “si un producto alimenticio es más barato en el mercado internacional, hay que importarlo”.
Esto ocurre sin reparar que cumpla con las normas de calidad y, sobre todo, los graves daños por la competencia desventajosa en los mercados, serios desequilibrios en la planta de empleo y de ingreso de miles de trabajadores y de empresas alimentadoras de materias primas de apoyo a la economía ganadera de leche a nivel local y regional. “Esto ocurrió con la leche y sus derivados durante muchos años en todo México”.
Las consecuencias, afirmó Álvaro González, son en el sentido de que, con este tipo de decisiones, se dañó económicamente el sistema productivo nacional, al grado de que desaparecieron alrededor de 300 mil unidades productivas de leche, y más de un millón de vacas de calidad específica como productoras de leche, se fueron al matadero.
Propuso que, para evitar actividades productivas fuera de la Ley, como son los casos de la importación de sueros y leche descremada, ambos en polvo, se comercialicen en México en la misma forma en que llegan al país; es decir, en polvo. Esto evitará el engaño a los consumidores y, obviamente, su precio tendrá, por obligación, que ser más bajo.
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