Organizaciones de la sociedad civil exigen se garantice la vida, integridad y seguridad de las mujeres en contextos de cárcel en la Ciudad de México.
Describieron que el pasado 27 de enero una mujer fue asesinada dentro de una celda del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, lo que refleja la omisión de la autoridad penitenciaria de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de cualquier persona que se encuentre al interior de la prisión, como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en su Artículo 19.
Entre las organizaciones de la sociedad civil se encuentran: Borde Político, Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.Documenta, Equis Justicia para las Mujeres, GIRE, entre otras.
Destacaron que ese hecho se suma a otros casos de muerte de mujeres en custodia penitenciaria que desde 2010 se han documentado en medios y organismos de derechos humanos.
Y resaltaron que de acuerdo con la Recomendación 4/2016, de la CDHDF, en 2010 y 2015, otras dos mujeres fueron asesinadas mientras se encontraban como visitas en el Reclusorio Sur y Oriente, respectivamente.
En junio de 2018 una mujer que fue de visita al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue asesinada cerca del penal; en abril de ese año se registró el supuesto suicidio de una mujer interna en el Penal Femenil de Santa Martha; y en 2017 se registró la muerte de otra mujer interna en el penal de Santa Martha, al caer supuestamente de un tercer piso.
El Estado Mexicano ha incumplido reiteradamente su obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establecido en instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); y a nivel nacional en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal de 2013, hizo recomendaciones a México para erradicar la violencia en las prisiones, así como para terminar con la tolerancia y la impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas, tomando en cuenta a las mujeres en prisión; las cuales no ha cumplido, recayendo este incumplimiento en la vida de las mujeres.
Por ello convocaron a las autoridades correspondientes para que: Investiguen los hechos, sancionen a las personas responsables y adopten las medidas urgentes y necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad, tanto de las mujeres privadas de libertad, como de las mujeres visitantes, adoptando un enfoque de género.
Garanticen una vida libre de violencia para las mujeres en contextos carcelarios ya sean visitantes, trabajadoras penitenciarias, defensoras, o familias de personas privadas de libertad.
