En días pasados se dio a conocer el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) denominado: “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas” el cual documenta diez años de casos de explotación sexual organizada al interior de las escuelas del país.
La investigación ha visibilizado un grave problema de impunidad desde el año 2011 cuando se interpuso la primera denuncia que puso en evidencia la violencia sexual infantil en contra de aproximadamente 30 niñas y niños de la primera infancia que habían sido utilizados sexualmente por personal de una escuela pública de preescolar en Iztapalapa.
En la actualidad, este escenario se ha extendido; se han contabilizado 37 casos de violencia sexual infantil como posibles coincidencias en patrones de explotación sexual, pero sólo ha sido posible conocer a mayor detalle lo referido por las víctimas en 18 escuelas en: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y en Baja California.
Por ello, cientos de Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada y Personas, exigen a la SEP, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Procuradurías estatales y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acciones inmediatas para detener la explotación sexual Infantil en las escuelas.
En un pronunciamiento, las miles de firmas de la sociedad civil recordaron que en México la tasa de violación de niñas y niños es de mil 764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, cinco mil de cada 100 mil menores sufren tocamientos.
Nuestro país ocupa los primeros lugares a nivel mundial en temas de violencia y explotación infantil, somos el segundo país destino de turismo sexual infantil a nivel global (PCF, 2018) y el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil.
La Sociedad Civil exhortó a las autoridades educativas crear estrategias de prevención, intervención en la comunidad educativa y protección, vigilancia y denuncia inmediata al ministerio público en todos los casos de diversos tipos penales de delitos sexuales dentro de los centros escolares para que infantes y adolescentes se desarrollen en espacios seguros, teniendo presente que el abordaje debe ser multidisciplinario e interinstitucional.
El Estado mexicano ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que lo obligan a proteger a la niñez en casos de explotación sexual, tal como mandata la Convención sobre los Derechos de la Niñez y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niñas y niños.
El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades federales y municipales de tomar las medidas necesarias para la prevención, atención y sanción en los casos de trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación.
Las autoridades educativas tienen la obligación de crear espacios seguros en escuelas para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, se encuentren protegidos y vivan libres de riesgos que vulneren sus derechos, como lo es la violencia y explotación sexual.
La Sociedad Civil Organizada demanda al Gobierno Mexicano y en particular a la Secretaría de Educación Pública SEP, a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía General de la República y los Gobiernos estatales involucrados a mejorar las Estrategias de prevención.
Que sea transparente la trayectoria y designación del personal escolar: directivos, maestras, maestros, así como toda persona que labore en las instituciones educativas.
Fortalecer los espacios de escucha para las niñas, niños y adolescentes en las familias, escuelas y comunidades a través de la sensibilización sobre las diversas violencias sexuales contra, esta población.
Integrar la participación de la ciudadanía para la prevención y denuncia de redes de explotación sexual infantil en espacios escolares como parte de la construcción de espacios seguros.
Fortalecer los sistemas de protección integral y especial de la niñez y adolescencia asignando los recursos financieros y humanos suficientes de acuerdo a la Observación General 19 del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas.
Así como estrategias de intervención: establecer mecanismos expeditos de denuncia y de seguimiento con toda la comunidad educativa.
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En los procesos de denuncia, dar información a la niñez sobre qué hace un juez y cómo será el proceso de denuncia. Modificaciones a los procesos administrativos de la SEP cuando se tenga sospecha de un caso de violencia sexual infantil.
Que se modifique El Protocolo de los procedimientos administrativos de la SEP para que avise inmediatamente y obligadamente a las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que trabajen conjuntamente con la policía y Ministerio Público ante cualquier denuncia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
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