Haber pertenecido a la extinta Policía Federal para muchos elementos que ahora forman parte de la Guardia Nacional, no ha sido una buena recomendación ni reconocimiento, ya que sufren abandono, atropello de derechos y discriminación frente a los militares, revela la investigación “Policías al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”.
La investigación de Seguridad Sin Guerra; el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, Causa en Común y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos señala el caso que viven hasta el día de hoy las y los ex policías federales en la Guardia Nacional, a través de los testimonios de 32 ex integrantes de esta corporación (10 mujeres y 22 hombres).
Las personas entrevistadas narran cómo ha sido trabajar en un contexto de discriminación y criminalización constante por parte de los mandos militares y del propio presidente de la República, cita.
Para el trabajo se analizaron tres ejes que comprenden la situación que atraviesa la Guardia Nacional y el trato a ex policías:) condiciones laborales;) pérdida de capacidades e información; ) consecuencias para la seguridad y el bienestar del país.
Marcela Villalobos, activista e integrante de Seguridad Sin Guerra; Lucía Chávez, Directora de la CMDPDH; el senador Emilio Álvarez Icaza y María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común, destacan que los militares que integran la Guardia Nacional tienen privilegios sobre los pertenecientes a la extinta PF, ya que quienes vienen del Ejército y la Marina tienen mejores condiciones laborales que los ex federales.
Villalobos refirió que “esta transición de la Guardia Nacional militar no solo es inconstitucional sino inconvencional”; la formación y capacitación de los elementos ha sido militar, a la par de la criminalización y violación de derechos de la policía federal, a la que se tachó de corrupta sin evidencia.
En tanto, Lucía Chávez habló de las consecuencias de la militarización. Apuntó que México lleva 16 años de estrategia fallida en materia de seguridad pública en donde la lógica militar se ha superpuesto a la lógica de seguridad ciudadana y al control del militarismo.
En un comunicado difundido por Causa en Común, señaló “que se, conoce que del 2008 a la fecha hay más de mil denuncias de tortura en donde se señala a la SEDENA como responsable, y sólo 33 de éstas denuncias han sido judicializadas”.
De acuerdo a un testimonio de ex policía federal: “vivo en la incertidumbre laboral, e incertidumbre como ciudadana, de qué va a pasar con el país. Entré a la policía federal en 2009, llevaba 13 años de servicio, soy licenciada en Derecho, soy maestra en Criminalística […] y con todo y eso, a la Guardia Nacional no le importó cesarme, solo porque solicité el fundamento de una orden.
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Eso es justo? Como yo, hay muchos policías que han metido quejas por acoso sexual, por hostigamiento laboral…”, refirió.
Otro de los testimonios resaltó que “la diferencia de tareas entre militares y civiles es clara: los militares no disponen de un uso discrecional de la fuerza, ni empleo de las armas de fuego, por el contrario, están limitados a obedecer órdenes de su superior jerárquico antes de dar respuesta oportuna, poniendo en una situación de vulnerabilidad grave a la sociedad.”
La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera mencionó: "no debemos quedarnos con la mentira de que solo con los militares se puede recuperar la seguridad. El 95% de los delitos son del fuero común y los militares ni siquiera saben cómo atenderlos".
La investigación completa será presentada en medios y redes sociales el miércoles 28 de septiembre; en los próximos días se darán más detalles del evento, adelantaron los activistas
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