Representantes de diversas instituciones y organizaciones de escuelas particulares anunciaron su retiro del grupo de trabajo que analiza el proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020”, ante las graves violaciones a su libertad de expresión, marginación y maltrato que han recibido por parte de las autoridades.
Denunciaron que incluso una de las representantes de escuelas privadas fue expulsada de la reunión solo por exponer respetuosamente su postura, además de que todos los participantes fueron obligados a firmar un convenio de confidencialidad y un código de ética, con el propósito de “amordazarlos para compartir abiertamente todas las irregularidades inherentes al proceso deliberativo de la NOM 237”.
Al dejar en claro que la Secretaría de Economía ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no tienen facultades para emitir normas en materia educativa o generar nuevas obligaciones a escuelas privadas, que se rigen por la Ley General de Educación, los representantes de escuelas privadas se reservaron el derecho de acudir a instancias internacionales ante conductas irregulares en que ha incurrido esta autoridad al ejercer facultades que no les corresponden y que puede configurarse como un delito.
Los representantes de las instituciones particulares de educación de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), informaron que representan a más de 4 mil instituciones de educación particular, desde el nivel básico hasta superior, que atienden a un universo de más de 2.7 millones de alumnos, y donde laboran más de 270 mil docentes.
María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), quien dio lectura al posicionamiento de las instituciones educativas privadas, indicó que a pesar de haber sido invitados a participar en el proceso de elaboración de la NOM 237, han sido marginados por funcionarios de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.
El maestro Ludwing Johannsen Menen, director ejecutivo de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM) expuso el autoritarismo y maltrato con el que han procedido los funcionarios, quienes acotaron a solo 2 minutos el uso de la palabra a los representantes de escuelas particulares, les apagaron el micrófono en repetidas ocasiones e incluso expulsaron a una participante por expresar sus opiniones.
María Luis Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (ALPES) señaló que la prestación de servicios educativos está normada por la Ley General de Educación a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por lo que advirtió que la Secretaría de Economía y la Profeco carecen de facultades para emitir una norma en materia educativa.
Alertó que el proyecto de NOM 237 además de ser sobreregulatorio y duplicar funciones entre la SEP y la Secretaría de Economía, ignora la forma de operar de las instituciones particulares, que no son proveedores ni los educandos son consumidores, por lo que no existe una relación comercial ni mercantil, y “la educación no es una actividad comercial”.
Los contratos entre padres de familia y escuelas particulares son de carácter civil, no de carácter mercantil, explicó la abogada Flores del Valle al precisar, por ello, las escuelas particulares no pueden tener contratos de adhesión registrados ante la Profeco.
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La intención de esta NOM 237 es que Profeco firme contratos de adhesión con las instituciones educativas particulares de manera obligatoria, en condiciones de sobreregulación y mediante el pago de una certificación por cada escuela, por cada ciclo y por cada asignatura, explicó María Luisa Flores.
Destacó que no existe materia ni jurisdicción para crear esta NOM cuando hay un promedio de 0.075% de quejas y hay leyes que ya atienden estos temas. “Toda supervisión e inspección que tienen las escuelas particulares están estipuladas en la Ley General de Educación, a través de la Secretaría de Educación Pública y no tiene por qué duplicarse en una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y conocimiento en la materia”, apuntó.
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