Ciudad de México.- Por el robo en el transporte público, el Estado de México es una de las entidades más afectadas, en particular los municipios conurbados con la Ciudad de México, en tanto que en 2019 se cometieron 17 mil 667 delitos de ese tipo en el ámbito nacional y tres mil seis automovilistas fueron asaltados.
Ante ese panorama, el diputado de Encuentro Social, Edgar Guzmán Valdéz, promueve reformar el artículo 381 del Código Penal Federal en materia de delitos en contra del patrimonio de las personas, para incrementar de tres a diez años la aplicación de prisión para quien cometa robo en el transporte público, auto particular o utilice armas de fuego, ante el hecho de que en la actualidad se imponen de dos a siete años.
Fundamentó que el robo en el transporte colectivo y particular, aumenta cada día y representa 10 mil 775 casos por cada 100 mil habitantes, por lo que urge tomar medidas que inhiban se incurra en ese delito que además cobra de manera continua la vida de personas inocentes.
Difundió que de 2015 a 2018 el robo en el transporte público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 por ciento en Los Reyes La Paz y 219 por ciento en Chimalhuacán, Estado de México, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En su iniciativa remitida a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador del PES señaló que de acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), en los últimos años este delito aumentó, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, cita que en el 66.5 por ciento de los casos lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques, mientras que el resto teléfonos celulares.
Guzmán Valdéz señaló que es un problema que afecta a todos, porque el 72 por ciento de la población nacional usa ese medio de movilidad para trasladarse a centros laborales o educativos y, en consecuencia, arriesga su patrimonio, integridad física y hasta la vida.
Notificó que Encuentro Social impulsará medidas legislativas necesarias que erradiquen este lastre y castiguen con penas más duras a quienes infrinjan la ley y roben sin escrúpulos; que “no tengan la oportunidad de salir bajo fianza, porque en muchas ocasiones continúan cometiendo actos delictivos”.
Refirió que, de avanzar la modificación, habría una eficaz lucha contra el crimen, medida que exige la sociedad. “Acabemos con esta inseguridad y optemos por penas más duras, porque hacerlo es hacer lo socialmente correcto”, declaró.