En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes de los colectivos del Movimiento Nacional de Desaparecidos exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avance en las investigaciones de más de 90 mil personas que se encuentran desaparecidas.
A las afueras de Palacio Nacional con una gran manta que rezaba “90 mil desaparecidos, ¿dónde están?, demandaron una audiencia con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Los miembros del MNDM convocaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a asumir “el compromiso político del mandatario para invitar formalmente al Comité contra las Desapariciones Forzadas para una visita este mismo año”.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) denunció que del 1 de enero al 27 de agosto de 2021 se han registrado 1,114 personas de 0 a 17 años desaparecidas o no localizadas, esta cifra representa un incremento de 19.5% con respecto a las 932 personas de la misma edad reportadas desaparecidas o no localizadas durante el mismo periodo de 2020.
De esa cifra, el Estado de México destaca por registrar uno (1) de cada de cinco casos reportados (3,324 en total). Le siguen Tamaulipas, donde se registran uno de cada 10 (1,672 en total); Jalisco con 7,2% de los casos (1,074 en total). Son en estas tres entidades del país donde se concentran cuatro de cada 10 casos que se conocen.
Resaltó que desde que se tiene registro (en 1963), 77,706 niños, niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México hasta el 27 de agosto de 2021.
De éstas, 15,186 (19.54%) continúan desaparecidas o no localizadas, siendo 8,355 de ellas niñas y adolescentes mujeres y 6,799 niños y adolescentes varones. Las mujeres, por tanto, representan 55.01% de estos casos. Las restantes 62,520 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1.07% de estas desapariciones (668 casos) corresponden a niñas, niños y adolescentes halladas lamentablemente sin vida.
A ello se suma la trágica estadística que muestra que cada día, 12 niños, niñas y adolescentes han sido reportados como desaparecidas o desaparecidos durante 2021, como parte de un patrón criminal que no ha cesado, ni durante la pandemia, en contra de las infancias.
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La gravedad del problema es de tal magnitud que las cifras oficiales que se registran, aumentan a medida que pasan las horas. Y en el caso de nuestro país, aunque la mayoría de los casos son localizados, una (1) de cada 100 personas son halladas sin vida.
De ahí que la Redim llamó a recordar a las infancias en el urgente llamado que anualmente hace, entre otros actores, la Organización de las Naciones Unidas a los Estados, para que atiendan sus obligaciones de prevenir y enfrentar la desaparición forzada y la desaparición entre particulares.
La red destacó que de igual modo que, particularmente con niños, niñas y adolescentes, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas emitió desde el 2011 y de nuevo en 2015, recomendaciones al Estado mexicano sobre la fallida estrategia de seguridad que se traducía en estos impactos negativos a la infancia.
Consideró que se está en un momento crítico y este 30 de agosto es muy importante exigir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales para, de acuerdo con el artículo 4 constitucional, colocar como prioridad el interés superior de la niñez, particularmente la niñez desaparecida.
Los colectivos y organizaciones integradXs en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió la búsqueda de las más de 90 mil personas desaparecidas en nuestro país, según cifras oficiales.
El movimiento solicitó el compromiso público a Andrés Manuel López Obrador que envié un mensaje contundente a las instituciones del Estado para adoptar las políticas públicas que en la materia se han construido en conjunto con la sociedad, como el MEIF o el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB).
Ante la dimensión de la tragedia nacional de la desaparición de personas, el mandato y la voluntad política de coordinarse de manera efectiva para el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda en su conjunto debe de expresarse al más alto nivel del Estado.
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