Ciudad de México.- Si bien la situación económica es sumamente crítica para los trabajadores mexicanos por la pandemia del COVID-19, los más castigados son quienes laboran en la economía informal o por su cuenta, incluidos sexoservidoras, vagoneros, merolicos, maricachis y músicos, a los que se suman subcontratados y algunos empleados de maquiladoras, recordó Enrique de la Garza Toledo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La situación es más frágil por las restricciones para instalarse en la calle y porque no tienen un patrón al cual reclamar el pago de al menos un salario mínimo, mientras el gobierno carece de recursos para subsidiar al amplio sector de la población que se encuentra en la precariedad por la amenaza a la salud que entraña el coronavirus, resaltó.

Ante este desorden se suponía que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilaría para evitar arbitrariedades, pero al parecer no hay inspección ni se están aplicando sanciones, no obstante que la disposición del Poder Ejecutivo es obligatoria y no un simple llamado a la buena voluntad de los patrones, por lo que las autoridades debieran ser más enérgicas y exigir su cumplimiento.

En cuanto al apoyo a quienes se ocupan en la informalidad, el gobierno no cuenta con recursos suficientes para subsidiarlos y “el programa de microcréditos es más bien decorativo”, sostuvo el Profesor Distinguido de la UAM e Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El experto en tema laboral consideró que ante la declaratoria de emergencia, cada empresa está resolviendo a su manera esta coyuntura: en algunos casos los obreros son enviados a sus casas sin pago y en otros reciben un salario mínimo, por lo que algunos han acudido a sus sindicatos para que les solventen 50 por ciento y sólo una minoría está percibiendo sus ingresos completos, como estipula el reciente decreto presidencial.

La aplicación del decreto es caótica y se está llevando a cabo de manera parcial en las empresas formales, aunque “debemos diferenciar el tipo de contrato y la institución, pues en el caso de los empleados del servicio público y de universidades, todos recibimos el salario íntegro y prestaciones, sin que exista amenaza de despido”.

La situación cambia diametralmente en el sector privado, donde según el documento presidencial aquellas actividades consideradas no prioritarias –que son la mayoría– deben suspenderse con goce de salario íntegro, pero eso no está ocurriendo, por ejemplo, “personal de maquiladoras de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, protestó y negó la entrada a sus compañeros para detener sus actividades, ya que no es posible la sana distancia para realizar labores de ensamblaje.

De la Garza Toledo destacó que la mano de obra subcontratada enfrenta la doble desventaja de estar al margen de la ley laboral, sin prestaciones ni seguridad social ni estabilidad en el empleo, por lo que no tiene la esperanza de que la compañía contratista sufrague su salario; y representan el 56% de la población económicamente activa, es decir, más de 31 millones de mexicanos.

El programa oficial de apoyo económico a micro, pequeñas y medianas empresas ofrece microcréditos por 25 mil pesos para un número mínimo de beneficiarios y eso no resolverá mucho, mientras que la esperanza del Poder Ejecutivo “es que a partir de los proyectos del Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía se generen puestos para ocupar a la gente cuando se dispare la inversión y la contratación en el ámbito privado”.

La meta de la administración federal es combatir el desempleo proporcionando opciones a partir de las mega obras, por lo que deberá actuar con celeridad, pues si está convencido de que ese es el camino tendrá que alcanzar los pactos con las corporaciones para que participen en las construcciones, que requerirán cientos de miles de trabajadores, de acuerdo con los proyectos, consideró el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Este plan forma parte del modelo alternativo al esquema pasado, que rescató a bancos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado para afrontar problemas financieros extraordinarios en en momento crítico a mediados de la década de 1990, lo que generó una deuda que supera los dos billones de pesos, además del estancamiento de la economía, que ha crecido muy poco desde entonces y en lo que va del siglo XXI.