Ante la situación de emergencia en los municipios costeros de Guerrero por el paso del huracán Otis, es urgente que los gobiernos federal, estatal y municipal presenten una estrategia de seguridad ciudadana integral de corto, mediano y largo plazo, distinta a la del despliegue indiscriminado de fuerzas militares y del establecimiento de cuarteles militares de la Guardia Nacional anunciado, sin planteamiento, justificación ni detalles por parte del presidente de la República.
Así lo consideró la organización de la sociedad civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), al solicitar que el desastre en Acapulco y otros municipios de Guerrero no debe ser pretexto para la militarización.
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Y el gobierno federal afirma que hay 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional “responsables de aplicar planes de auxilio a la población y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública”.
En MUCD llamó a autoridades a no perder de vista que tan importante como el restablecimiento de servicios de infraestructura, refugio, víveres, salud y alimentos, es la protección a la seguridad e integridad de las familias que están sufriendo los estragos de este desastre, en el corto, mediano y largo plazo, sin que esto deba tomarse como un pretexto para profundizar la militarización de un territorio de por sí profundamente lastimado por la criminalidad y la violencia.
Al presentar el “Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis. 1ra Etapa”, el gobierno federal anunció que “se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno, para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y evitar el robo en vivienda, comercios, gasolineras, en el transporte de mercancías, en la distribución de gas, para lograr lo más pronto posible la normalidad en la convivencia pacífica y la vida pública”.
Además de restablecer servicios de infraestructura, refugio, alimentación y salud para la población afectada, es apremiante generar una estrategia de seguridad integral, pues Guerrero ya era afectada por una grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad.
La organización resaltó que los gobiernos federal y locales han aprovechado la coyuntura para el despliegue y uso indiscriminado de elementos militares; ahora anuncian el establecimiento de cuarteles de Guardia Nacional sin una estrategia de por medio.
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Citó que las fuerzas militares sólo deben cumplir una función temporal de acciones de auxilio por el desastre natural, la seguridad pública es una responsabilidad irrenunciable de las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, resaltó que el Plan señala que la reconstrucción de las zonas afectadas estará bajo la coordinación de dos funcionarias civiles: la secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde Luján y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
Mientras, enlista que las actividades relacionadas con la mejora de la infraestructura y el apoyo de la población estará a cargo de los cuerpos castrenses, por lo que es indispensable que se establezcan mecanismos para que se rindan cuentas a las instancias civiles de todas las actividades que realicen.
De acuerdo a la organización de la sociedad civil, en primera instancia, es apremiante atender en el corto plazo la seguridad de las familias afectadas, pues reportes de prensa y habitantes destacan que a la carencia de insumos y servicios básicos se suma una profunda preocupación por su integridad y seguridad, por ejemplo, ante el aumento de intentos de robos a casa habitación, pero esto no debe ser un pretexto para profundizar la militarización de la entidad.
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Una estrategia integral debe incluir a todos los actores sociales civiles, pues la seguridad pública está constitucionalmente a cargo de policías y fiscalías que, al momento, han estado ausentes.
En casos extraordinarios como el que se nos presenta la intervención militar debe estar coordinada por autoridades civiles y centrada en tareas de auxilio, atención a daños, salvamento, aprovisionamiento y servicios estratégicos como restablecimiento de infraestructura y de seguridad extraordinaria y temporalmente -por ejemplo, en áreas rurales afectadas-.
Pero sin excluir con esto la participación de otros actores sociales que puedan prestar auxilio social, pues la respuesta no puede ser sólo militar y muchísimo menos pretender que la solución será la presencia indiscriminada de militares y cuarteles de la Guardia Nacional -un cuerpo de seguridad militarizado- sin definir temporalidad y objetivos.
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