Ciudad de México.- A cinco meses el confinamiento agravó problemas serios que arrastraba la sociedad mexicana, uno de ellos la violencia de género, tema que ya estaba crisis desde antes, pero la tensión en el hogar por el encierro, la caída de la economía familiar llevó al empeoramiento de la situación, consideran investigadores universitarios.
De manera tal que durante el confinamiento obligado por la pandemia de Covid-19 se han agudizado las manifestaciones de agresión hacia las mujeres en el ámbito doméstico, alertó María del Socorro Damián Escobar, responsable de la Unidad de Género para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y Respeto a las Diversidades (Unigénero) de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las causas principales son la permanencia en el mismo espacio que sus agresores; el incremento de tensión en el hogar ante el encierro, la situación económica y la restricción de libre circulación, lo que impide que las víctimas accedan a lugares más seguros.
En la charla virtual Violencia contra las mujeres durante el confinamiento por Covid-19, la especialista enumeró también la dificultad para denunciar; el control sobre la víctima mediante la obstaculización del contacto con redes de apoyo y las repercusiones de la pandemia que contribuyen a la dependencia económica con el agresor.
“El informe del mes de abril de la organización Equis: Justicia para las mujeres titulado La desprotección judicial de las mujeres menciona que solo cinco de las 32 oficinas del Poder Judicial de las entidades de México habían implementado guardias para atender casos relacionados con violencia de género, por lo que se dejó en una desprotección total a las víctimas”.
A lo anterior se suma que “el Ejecutivo federal expidió el 23 de abril un decreto de austeridad que redujo el presupuesto destinado a varias instancias garantes y protectoras de mujeres y niñas”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tuvo un recorte de 75 por ciento del gasto corriente y el Registro Nacional de Víctimas tiene más de 34 mil casos de feminicidio, desaparición y delitos de género.
Pero también está en riesgo la Comisión Nacional de Búsqueda, que reportó en un informe la escasa claridad sobre el presupuesto que el Estado mexicano orienta para prevenir y atender las agresiones de género y se cancelaron los recursos a la casa de atención a la indígena y afrodescendiente.
“El movimiento feminista, las defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones hacemos un llamado enérgico a diputados y diputadas para vigilar la permanencia de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a este rubro”, enfatizó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que frente al coronavirus los estados deben tener una consideración especial para la protección de los derechos humanos y establecer mecanismos de prevención y denuncia de las víctimas.
ONU Mujeres –entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer– ha señalado que antes de la pandemia del nuevo coronavirus los ataques domésticos ya eran una de las violaciones a los derechos humanos más flagrantes, por lo que la pandemia no debe ser motivo para suspender o restringir los apoyos, sino que deberían reforzarse e incrementarse.
“En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia física y sexual por parte de un compañero sentimental y con el avance de la pandemia es probable el crecimiento de esta cifra con múltiples efectos para la salud sexual y reproductiva, mental y su reincorporación a la sociedad y el sector productivo”.
En el contexto mexicano, antes de la emergencia sanitaria el panorama era preocupante al registrarse 10 feminicidios al día en el país. En el primer trimestre de 2020, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio registró 960 fallecimientos, a los que hay que sumar los ocurridos en las últimas semanas.
“En este primer trimestre del año, las autoridades federales registraron 67 mil 81 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de intimidación contra las mujeres, de esos hechos reportados se trataron de casos de violencia familiar, de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento, sin embargo, no se reporta el seguimiento dado a las llamadas y cuáles fueron los canales activados para atenderlas”.
La abogada aseguró que el Organismo de las Naciones Unidas especializado en la salud sexual y reproductiva, ha dicho que la pandemia agravó las desigualdades y si el confinamiento se prolonga al menos durante seis meses, se prevén 31 millones de casos más de este tipo de agresión por razón de género.
“El contexto no es alentador ante el riesgo de aumento de intimidación física, psicológica y sexual hacia ellas, pero en México contamos, entre otras instancias de atención, asesoría y protección, con la Red Nacional de Refugios; Apis Fundación para la equidad; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas”.
La comunidad puede contactar a la de la Unidad Iztapalapa por medio del correo electrónico genero@xanum.uam.mx
LA ACCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, PRIMORDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
*La Unidad Iztapalapa cuenta con un Protocolo de orientación a la comunidad de esa sede de la UAM
Las instituciones de educación superior de México tienen un reto enorme respecto de la violencia en contra de las mujeres y las nuevas formas de relación, en el contexto de las disposiciones para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19, refirió hace unas semanas, María del Socorro Damián, directora del Programa de Género en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dicha sede académica ha respondido a la demanda de acceso a la justicia de las víctimas de este fenómeno en los espacios escolares, con el fin de abonar a la solución de la problemática estableciendo un marco de actuación institucional, ya que “el feminicidio de Lesvy, ocurrido en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcara un antes y un después en la visibilización del asunto”.
Desde el año pasado se ha llevado a cabo una organización histórica –sin precedente– de la población femenina de distintos centros de estudio del país que demanda y reclama a las autoridades, poniéndolas “en jaque, protocolos y mecanismos de atención eficientes, debido a que las escuelas no estaban respondiendo de manera diligente”.
Esto llevó a la creación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia, aprobado en la sesión 464 del Consejo Académico de esa sede universitaria, celebrada el 13 de marzo de este año; en la comisión encargada de elaborar este documento participaron María Guadalupe Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, y Alicia Saldívar Garduño, profesora-investigadora del Departamento de Sociología del mismo campus.
Este instrumento prevé atención de primer contacto; orientación, referencia y canalización hacia una vigilancia psicológica, jurídica o sanitaria dentro y fuera de la Unidad; valoración del caso; medidas precautorias; procedencia de la queja, y seguimiento por parte de la Defensoría, precisó Damián, al participar en el Conversatorio: Protocolos de violencia de género: antes, durante y después de la pandemia.
El Protocolo enfoca la atención en la comunidad universitaria, con acciones diversas, entre ellas la campaña Tejiendo redes contra la violencia; la difusión de material gráfico; un directorio para la canalización, y la impartición de charlas, además de otros recursos implementados durante la contingencia sanitaria derivada de la contingencia del COVID-19.
“Las universidades deben rescatar las enseñanzas que las mujeres pueden ofrecer con sus experiencias y vivencias dentro de estos espacios, y retomar lo que nos dicen en comunicados y en pronunciamientos para redirigir la política institucional en igualdad de género y prevención de violencia”.
A las instituciones de educación superior compete asesorar y proporcionar las herramientas de atención para mostrar cuáles son los caminos y las rutas a seguir, en los casos de intimidación, pues tienen un papel fundamental en la transformación de la sociedad, concluyó la directora del Programa de Género de la Unidad Iztapalapa de la UAM.
