El 2022 fue el año con más agresiones contra comunicadores y periodistas en México, al menos desde que tiene registro, afirmó la organización internacional de defensa a periodistas Artículo 19.
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Asimismo, señaló a las autoridades, policías, militares como los principales perpetradores de esos abusos.
Artículo 19 refiere que el año rompió el récord de agresiones contra la prensa, con un ataque documentado cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.
En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.
México más letal para ejercer el periodismo
Citó que con 12 periodistas asesinados el año pasado, México se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra.
Y exhibió que diez medios de comunicación recibieron el 54.8% del gasto en publicidad oficial en 2022, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.
En una conferencia de prensa, Article 19 México y Centroamérica presentó su informe anual “Voces contra la indiferencia”, donde documentó que durante el año pasado hubo 696 atentados, que incluyeron intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, alteración de contenidos, ataques físicos y a bienes, privación de la libertad y asesinatos.
Denunció que la monopolización del debate público silencia voces de activistas, periodistas y comunidades es la constante.
Homenaje a las voces
Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, compartió que el informe busca hacer un homenaje a las voces de periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas que hoy confrontan su discurso con otras voces hegemónicas y la monopolización del debate sobre lo público.
Afirmó que en los últimos cuatro años del gobierno que se erigió como “transformador”, el panorama de la libertad de expresión continúa con una marcada tendencia de deterioro que se remonta a la primera alternancia partidista en el poder, en el año 2000, y que ha reducido el derecho a la información y promueve una expresión inofensiva y poco crítica del poder.
Citó que en mayo del año pasado, el país llegó a la cifra de 100,000 personas desaparecidas. Según cifras oficiales, entre 2019 y 2022, se han registrado más de 30,000 de estos casos y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser de más de 60,000.
Maldonado recordó también el casi nulo avance institucional en temas de seguridad y justicia, donde el informe revela un déficit importante en la respuesta en defensa de víctimas.
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Como ejemplo, compartió que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se registraron 1504 personas en el padrón local de víctimas de la Ciudad de México, de las cuales solamente 186 han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral capitalino.
El año más violento
El directivo expuso que en 2022 se registraron 696 ataques contra la prensa, convirtiéndose en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007.
Los 12 asesinatos registrados el año pasado también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017.
El informe revela que, a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso.
También registró que, en el último año, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil.
De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.
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El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.
Enemigos potenciales
De acuerdo con la organización, estas filtraciones confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos que investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria; y lo que es más, se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de “desmentir” el uso de malware.
Asimismo, refiere que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.
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