En medio de la vorágine por hacerse de una propiedad en Tulum, zona que es vista como el filón de la nueva explosión turística en el norte de Quintana Roo, el ejido Pino Suárez, fundado en 1973, se enfrenta desde 2015 a los grupos empresariales Garza Ponce y a Grupo Alfil que los quieren para hacer desarrollos inmobiliarios de alto rendimiento.
Errores y omisiones del Tribunal Superior Agrario ponen en riesgo todo el patrimonio que tienen las 75 familias del ejido quienes son víctimas indirectas de una serie de fraudes inmobiliarios cometidos desde 1974 y que fueron aprovechados por empresarios y particulares que se quieren sumar al desarrollo inmobiliario de la zona.
La resolución del Tribunal Superior Agrario le dan la razón jurídica a particulares en un juicio por la posesión de más de 160 hectáreas, sin embargo, existe evidencia de que la propiedad es totalmente ejidal, según los documentos que tiene La Prensa en su poder.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO: UN AÑEJO FRAUDE DE TIERRAS
De acuerdo con los documentos en poder de este diario, en 1973 –cuando el territorio de Quintana Roo estaba todavía en proceso de convertirse en entidad federativa- una persona de nombre Antonio González Avilés se presentaba como poseedora de dos predios: uno de 105 hectáreas ubicado en lo que entonces era la Delegación de Cozumel (hoy Tulum), sin título de propiedad, y otro de 49 hectáreas en la delegación de Felipe Carrillo Puerto (hoy municipio del mismo nombre) del que sí demostraba tener propiedad supuestamente desde 1948.
En ese mismo año, el gobierno federal decreta la creación del Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, lo que implicó para González Avilés perder legalmente cualquier intento de asumirse poseedor de un predio en esa zona ubicada hoy en el municipio de Tulum y conlindante con la zona marítimo federal, es decir, la línea de playa y por ende la zona más atractiva.
En octubre de 1974, el entonces territorio de Quintana Roo se convierte formalmente en estado y el ejido Pino Suárez queda dentro de lo que entonces era el municipio de Cozumel, zona continental. Posteriormente, esa zona pasaría a formar parte del municipio de Solidaridad, en 1993, y luego a ser declarada formal y legalmente como municipio de Tulum, en 2008.
Desde 1973, hasta la creación de Tulum, de acuerdo con un dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario del gobierno federal, no se había expedido ningún título de propiedad a nombre de Antonio González Avilés en lo que hoy es el ejido José María Pino Suárez.
Sin embargo, González Avilés -a través de una serie de trámite ilegales y como se asienta en documentos oficiales- registró en 1975 el terreno de 49 hectáreas que tenía en Felipe Carrillo Puerto desde los 70, como si estuviera ubicado en el ya entonces declarado ejido de Pino Suárez, e incluso aumentándolo a supuestamente 53 hectáreas, denominado Punta Piedra, colindante con la costa, el cual además dividió en 10 fracciones para su posterior venta.
Bajo esa artimaña, González Avilés y un grupo de socios lograron asegurarse una extensa propiedad en la zona que comenzaron a ofrecer a particulares a partir de la década de los 80, quienes los compraron de buena fe por estar –fraudulentamente inscritos- en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal de Tulum.
EL SEGUNDO FRAUDE
Por si lo anterior fuera poco, las familias del ejido José María Pino Suárez, enfrentan un segundo fraude resultado del registro de un terreno de de 165 hectáreas en la misma zona, también colindante con la zona marítimo federal, es decir, ante la línea de playa.
Se trata de un terreno a nombre de una persona de nombre Enrique Humberto Fuhrken Chellet, cuyo título de propiedad fue expedido el 16 de mayo de 1993 por la Secretaría de la Reforma Agraria, con firma del entonces titular de esa dependencia, Víctor Cercera Pacheco.
Dicho registro violó la ley debido a que al tratarse de una extensión de terrenos de propiedad ejidal no podía ser vendida por ninguna autoridad, y el secretario de la Reforma Agraria la vendió como si se tratase de un terreno nacional, cuando no estaba facultado ni siquiera para vender terrenos nacionales, ya que los títulos de propiedad expedidos por la nación deberían llevar la firma del presidente de la república de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, de lo cual carece el título emitido a Enrique Humberto Fuhrken Chellet, por lo que el mismo se expidió a espaldas del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Posteriormente, en la década de los 90, Fuhrken Chellet hipoteca la extensión total del predio ante el entonces Banco Serfín, hoy Santander, el cual terminó por perder debido a que nunca cumplió con el pago de la deuda ante esa institución financiera.
Al ser adquirido Serfín por el Grupo Santander en México, adquiere automáticamente el predio que formaba parte de los activos recuperados por el banco a través del decomiso de la propiedad puesta en garantía por Fuhrken Chellet.
En 2015, el grupo empresarial Garza Ponce compra al Banco Santander la deuda por ocho fracciones de ese terreno y el resto del predio es adquirido por la empresa Grupo Alfil S.A. de C.V.
Además de los terrenos adquiridos al Banco Santander, el grupo empresarial Garza Ponce, había adquirido anteriormente parte de los predios de Punta Piedra antes señalados, que fueron resultado del fraude armado por González Avilés.
EL RECLAMO Y LA PRESIÓN PARA EL DESALOJO DE LOS EJIDATARIOS
Una vez que los socios de Garza Ponce asumen la propiedad de los terrenos, comienzan una serie de procesos para expulsar a los integrantes de las 75 familias de ejidatarios, para lo cual inician un proceso judicial ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo, el cual falla a favor del grupo empresarial, bajo el supuesto de que habían demostrado la compra legal de los terrenos.
Esa resolución implicó que ese Tribunal Agrario distrital decidiera ignorar el contexto de los fraudes cometidos para acreditar la supuesta propiedad legal de ambos predios, el de González Avilés y el de Fuhrken Chellet que, como se describió antes, implicaron un “traslado” del registro de un predio legalmente establecido a otra zona y una supuesta cesión de un terreno ejidal a un particular, respectivamente.
Incluso, en su resolución, el órgano judicial agrario hace alusión al terreno de González Avilés como si estuviera en Tulum, cuando existen evidencias de que el registro corresponde al predio ubicado en Felipe Carrillo Puerto.
Frente a esta resolución, los ejidatarios interponen un recurso ante el Tribunal Superior Agrario, el cual, pese a todas las evidencias antes descritas y sustentadas en documentación de las propias autoridades agrarias federales, así como estatales y municipales de Quintana Roo, emite unan resolución que respalda la del Tribunal Agrario del Distrito 44, con sede en Chetumal.
De tal acción puede concluirse que el Tribunal Superior Agrario fue negligente y omiso al no estudiar la ilegalidad de los documentos que se presentaron para avalar la supuesta propiedad original de los predios en el ejido José María Pino Suárez posteriormente vendidos al grupo empresarial Garza Ponce y que sustentan como evidencia directa ambos fraudes que derivan en la nulidad de las compras posteriores.
De tal forma, la resolución del Tribunal Superior Agrario, a partir de un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Alberto Pérez Gasca y aprobado el resto de ese órgano judicial integrado por él y las magistradas Maribel Concepción Méndez de Lara, Claudia Dinorah Velázquez González y Carmen Laura López Almaraz, terminó por avalar los fraudes cometidos por González Avilés y Fuhrken Chellet con la complicidad de autoridades federales, así como estatales y municipales de Quintana Roo.
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Un fraude iniciado en la década de los 70 en la zona norte de Quintana Roo, la actual Riviera Maya, filón del interés inmobiliario y del mercado turístico internacional que hoy implica el riesgo para 75 familias de perder todo su patrimonio obtenido legalmente desde la transformación de terrenos nacionales en zonas ejidales en el siglo pasado, como ocurrió específicamente en este caso con la creación del ejido José María Pino Suárez.
EL NEGOCIO
El conflicto por la propiedad de la tierra ocurre en un municipio con una población que supera las 46 mil personas como resultado de un crecimiento del 15 por ciento annual en su tasa población durante los últimos 10 años -según datos del INEGI- y que en 2020, con todo y la pandemia de Covid-19, atrajo a más de 1.4 millones de visitantes: del total de turistas que llega a Quintana Roo, 3 de cada 10, estuvieron en Tulum.
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Para 2021, se espera que Quintana Roo reciba una inversión inmobiliaria superior a los mil millones de pesos en diversos proyectos turísticos, de servicios de alimentos y bebidas, así como residenciales, sin contar con el impacto económico que traerá la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el municipio colindante de Felipe Carrillo Puerto y la estación del Tren Maya en esta misma zona de la entidad.
Las condiciones generales antes descritas exhiben claramente el interés que existe para cualquiera con el capital necesario para hacerse de una porción de tierra en la zona y por ende de un espacio seguro y fructífero para la inversión inmobiliaria dentro del sector turístico y de servicios, lo que en ocasiones detona en conflictos como el que hoy viven los ejidatarios de José María Pino Suárez.
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