La industria cinematográfica es una de las que más severamente han resentido los impactos de la pandemia. Durante 2020 los ingresos de taquilla se desplomaron en 80.6%. Mientras que en 2019 los cines mexicanos recibieron 283 millones de asistentes, en 2020 solo se recibieron 14 millones, de acuerdo a Canacine.
Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la Iniciativa sobre industria del cine es inconstitucional y viola tratados internacionales y viola diversos tratados internacionales y disposiciones de la Organización Mundial del Comercio.
La organización empresarial destacó que su contribución a la economía no sólo incluye decenas de miles de empleos que son generados de manera directa, especialmente entre la población joven, sino importantes derramas a las localidades en las que opera, así como encadenamientos significativos con industrias de alimentos y bebidas, publicidad, construcción y servicios generales, entre otros.
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De acuerdo con cifras de la Cuenta Satélite de la Cultura de INEGI, en 2019 el cine contribuyó con 20,110 millones de pesos al PIB nacional y generó 30,946 mil puestos de trabajo de forma directa (fuente: IMCINE), resaltó.
Por ello, llamó a la reflexión de los senadores, a fin de que las políticas públicas se encaminen a la reactivación, en un marco de respeto a la ley y certidumbre, y no a la creación de nuevas restricciones y distorsiones. Confiamos en que pueda establecerse un diálogo positivo con el sector empresarial para analizar el tema a profundidad.
El Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por la Iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, que se encuentra en análisis en el Senado, ya que es violatoria de derechos humanos establecidos en la Constitución, como el de libertad de expresión, y va en contra de diversos tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos el T-MEC, el TLCUEM, el TPP y disposiciones de la Organización Mundial del Comercio.
Al imponer barreras artificiales a la competencia con el argumento de privilegiar la producción nacional independiente sobre los demás productores (nacionales y extranjeros), crea una ventaja indebida a su favor, genera distorsiones en el mercado y limita el derecho de la audiencia de decidir qué ver, indicó.
El CCE citó que el establecimiento de cuotas-pantalla, limitar las pantallas para estreno y corrida comercial de obras, establecer una permanencia mínima, entre otras medidas, constituyen barreras a la competencia que violan la Constitución. Incluso, en su momento, la entonces Comisión Federal de Competencia se manifestó en contra de medidas de este tipo.
Refirió que prácticamente la totalidad de las restricciones propuestas por la iniciativa son violatorias de los acuerdos comerciales que México tiene con el mundo, al limitar las posibilidades de inversión extranjera, e imponer condiciones discriminatorias.
De aprobarse la iniciativa en esos términos, las medidas podrán ser impugnadas por inversionistas de EE.UU. y de otros países con los que tenemos TLCs, utilizando los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y gobiernos.
Adicionalmente, los gobiernos de esos países y los miembros de la OMC, podrían demandar al gobierno de México utilizando los mecanismos de solución de controversias entre gobiernos.
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