El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reiteró que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de garantizar coordinación interinstitucional y trabajar en conjunto con víctimas y sociedad por acceso a justicia y verdad.
Por lo que consideran que el dictamen y el proceso legislativo para expedir la nueva Ley de la FGR en el Senado de la República estuvo muy por debajo de los estándares de Parlamento Abierto, y en franca omisión del derecho de las víctimas de participación conjunta que establece la Ley General de Desaparición.
Ese proceso parlamentario deja un saldo negativo para las víctimas, pues a pesar de nuestra insistencia, el Senado ignoró el estándar y derecho de participación que hemos conseguido en otras legislaciones, y se negó a habilitar una discusión abierta a los diversos sectores de la sociedad que permitiera verdaderamente construir una propuesta para fortalecer el sistema de justicia que este país requiere.
De acuerdo al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) conformado por 74 colectivos de 22 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica, en la Cámara de Diputados debe dar ejemplo y convocar a un ejercicio genuino de Parlamento Abierto parlamentario que convoque a víctimas, sociedad y organismos internacionales.
“La legislación aprobada por el Senado no es, de ninguna manera, un logro ni un avance para nuestros derechos”. Ahora es turno de la Cámara de Diputados ponderar y escuchar a las víctimas y a la sociedad, pues somos quienes conocemos de primera mano las entrañas de la Fiscalía, sus deficiencias y necesidades de mejora.
En un posicionamiento, el Movimiento resaltó que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales lograron evitar retrocesos gravísimos a derechos conseguidos tras años de exigencia.
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Refirió que el miércoles 17 de marzo, el Pleno del Senado aprobó por mayoría el dictamen mediante el cual se expide la Ley de la Fiscalía General y abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía.
La aprobación de este dictamen se da en medio de las demandas de las víctimas de contar con un proceso amplio e incluyente de diálogo sobre los puntos de preocupación de este nuevo dictamen y de la ausencia de un diagnóstico claro y objetivo que sustente la necesidad de los cambios realizados, tal como establecía la Ley Orgánica aprobada en 2018.
Ante este contexto, y gracias a la exigencia y movilización de las familias de víctimas, organizaciones civiles, organismos internacionales y otras autoridades lograron evitar regresiones en derechos ya conquistados en materia de participación, acceso a la justicia y derechos de víctimas, en específico los referentes a la búsqueda de personas.
Sin embargo, persisten diversas preocupaciones, ya que obligaciones de la FGR como integrante de sistemas colegiados siguen siendo ambiguas; en particular en el Sistema Nacional de Búsqueda, ya que están sujetas a la interpretación que se dé sobre la autonomía de la Fiscalía.
Sobre algunos derechos de víctimas, ya que persiste una lógica de restricción al derecho de las víctimas a participar en la planeación de la investigación y deroga derechos no contenidos en otras legislaciones, como el de brindar información a las víctimas sobre actos de investigación previstos y programados o el derecho a presentar peritajes independiente en cualquier caso.
En cuanto a los Servicios Periciales se perpetúa un modelo en el que los servicios periciales siguen expuestos a presiones indebidas del Ministerio Público al emitir sus opiniones.
Se otorgan facultades a la Guardia Nacional como Auxiliar del Ministerio Público, pese a que en la SCJN se continúa discutiendo su constitucionalidad.
Se eliminan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas, esto representa una regresión al principio de progresividad y es contrario al principio de participación conjunta de la Ley General en Materia de Desaparición.
Mantenemos nuestra exigencia de Parlamento Abierto para que las y los Diputados habiliten el proceso de discusión abierta, sustantiva y profunda que la justicia en nuestro país merece, que escuche de forma genuina y comprometida a las víctimas y a la sociedad.
De la misma forma seguiremos impulsando que se abra a recibir la asistencia de los organismos internacionales de derechos humanos para realizar los cambios que sean necesarios para fortalecer en esta ley nuestros derechos, y no dar pie a que permanezcan en la ambigüedad las obligaciones de la Fiscalía.
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