Eliminar los organismos autónomos es “un retroceso de más de 20 años para la democracia en México”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado, coincidieron académicos e investigadores de la Universidad Iberoamericana.
Los profesores universitarios llamaron a no destruir lo ya avanzado a lo largo de más de dos décadas en el país, sino a transformarlo por el bien de México.
El posicionamiento de las y los especialistas se dio luego que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), cuyas funciones serán asumidas por diversas secretarías de Estado, y cuyos recursos serán destinados al gasto social.
Sobre el caso de la CRE, Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados subrayó que la Comisión Reguladora de Energía no desaparecerá, sino que se trata de una evolución hacia una nueva figura legal.
En entrevista, dijo que la decisión federal responde a la necesidad de una reestructuración que permita un mayor ahorro y optimización de los recursos, en línea con las políticas de la Secretaría de Energía(Sener).
“Al final de cuentas, el regulador va a seguir manteniendo sus funciones (…) no es un tema de desaparición, es una evolución en el mismo, y tiene que ver con un tema presupuestal, recibiendo recortes y una reestructura en materia de gastos, como todas las dependencias del gobierno. No es un tema de desaparición, es un tema de mutación de figuras”, citó.
Por su parte, Ricardo Ortega, Director del Departamento de Derecho de la IBERO, externó la preocupación de fondo por la desaparición de estos organismos es que el estado se convierta en juez y parte, eliminándolos como piezas de “un cuarto poder” –como los categorizó el constitucionalista Mark Tushnet–, que es capaz de limitar al Estado y exigirle rendición de cuentas.
Respecto a las críticas de que los organismos autónomos son costosos o ineficientes, el experto propuso reformarlos para reducir su costo y volverlos más eficientes.
Es fundamental fortalecer su trabajo, pero no desaparecerlos. Con su desaparición pierde la democracia en México
¿Cómo afecta la desaparición del INAI a la ciudadanía?
Hace más de 22 años, con la transición a la democracia México configuró como derechos fundamentales los mecanismos de escrutinio ciudadano para el ejercicio del poder. Creó el andamiaje para transparentar el uso de los recursos y lograr un mejor ejercicio del gasto público. Para ello, creó una autoridad pública, independiente, con conocimiento técnico y solvencia moral, el IFAI (hoy INAI).
Con su desaparición se abre la pregunta, ¿quién garantizará la información pública y la protección de datos personales?, cuestiona Diego García Ricci, profesor-investigador y Procurador de Derechos Universitarios de nuestra casa de estudios, quien hace ya algún tiempo trabajó en el IFAI.
Para el experto, la desaparición del organismo resulta preocupante porque implicaN un cambio en la forma como ejercemos el acceso a la información y la protección de datos personales, “y debilitará la participación ciudadana que hasta hoy tenemos ganada”, ya que la autoridad que vigile estos derechos “debe ser una aliada de las y los ciudadanos.
Antes del 2002, al preguntar el número de personas que vivían en pobreza en el país, había múltiples respuestas de académicos que estudiaban el tema. Uno podría argumentar que el 10% de la población padecía pobreza, mientras otro daba un porcentaje de 80%. Tampoco se podía conocer si los programas sociales estaban cambiando la vida de las personas. Se sabía cuántos litros de leche repartía Liconsa, por ejemplo, pero no si se mejoraba la anemia de las y los niños.
Todo eso cambió con la creación del Coneval en 2004, cuyo mandato es medir la pobreza de forma distinta y evaluar los programas sociales y la política social en su conjunto.
Así lo explicó Graciela Teruel Belismelis, Directora de la División de Estudios Sociales de la IBERO, ex consejera e integrante fundadora del Coneval, junto con otros cinco académicos del país, quien destacó que gracias a la información que generó el Consejo “fue posible cerrar programas, abrir nuevos y mejorar aquellos que no funcionaban del todo bien”.
Al abordar su relevancia, la Dra. Teruel destacó que la información que proporciona el Coneval es “transparente y muy valiosa”, ya que permite a la ciudadanía conocer los niveles de pobreza, monitorearla a lo largo del tiempo y conocer en qué se está gastando y si se está gastando bien. “Es un sistema de evaluación único en el mundo, que fue retomado por otros países a nivel internacional”.
¿Cuál es la relevancia de Mejoredu para la educación en México?
La Dra. Luz María Moreno, profesora-investigadora de la IBERO y Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, argumentó que Mejoredu no duplica las funciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y es un organismo que necesita mantenerse como autónomo para conservar su capacidad técnica de hacer recomendaciones al sistema educativo.
Su labor “no podría recaer en las funciones de la SEP, porque se necesitan esos organismos autónomos que nos den esa transparencia y esa posibilidad de que no sean únicamente las oficinas gubernamentales centrales las que se encarguen de todas las decisiones educativas”, señaló.
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Defensa de la CRE
La presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Rocío Abreu, en relación a las implicaciones que esta evolución ocasione con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que actualmente no se puede hablar de una consecuencia ya que aún se está en la fase de construcción de las nuevas leyes secundarias que regularán las modificaciones.
“Aún no existe la figura legal que regirá este proceso, por lo que sería prematuro especular sobre posibles impactos”, mencionó.
La legisladora explicó que el proceso de reestructuración y modificación de las leyes secundarias podría llevar tiempo ya que todavía están cerrando el ejercicio fiscal, y las discusiones sobre los ingresos y egresos. Por ello se prevé que se determinen hasta 2025.
Por ahora, solicitó, ser cautelosos y evitar caer en especulaciones antes de que los cambios estén formalmente establecidos.
Sobre la falta de pago de Petróleos Mexicanos a sus proveedores, agregó: “soy originaria de Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los estados más afectados por la falta de pago de Pemex.
Es esencial que el Gobierno Federal asegure el pago a los proveedores, en especial aquellos involucrados en proyectos estratégicos como el parque fotovoltaico de Sonora, que es el tercero más grande del mundo en términos de generación de electricidad con energías limpias”. Son muchos millones lo que debe Pemex a sus proveedores, resaltó.
Argumentó que están trabajando para garantizar que el presupuesto asignado se utilice adecuadamente, especialmente para cumplir con los compromisos de todas las empresas, más las PYMES que están pasando por dificultades económicas debido a los atrasos en los pagos.
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