Desde el inicio del actual sexenio a enero de 2022, 8 mil 540 mujeres han sido asesinadas en circunstancias violentas, de los cuales 3,129 fueron clasificados como feminicidios, pero el número podría ser mayor, ya que las autoridades han omitido y ocultado cifras de este delito y las políticas públicas son una simulación para su combate y castigo, declaró la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.

También Ana Fátima López Iturríos, de Abogadas Violeta denunció que se están ocultando las cifras, en varios municipios suceden feminicidios y delitos contra niñas y adolescentes y no se reportan. “La violencia institucional es muy grande, el feminicidio sigue siendo un desafío, las políticas públicas no están impactando”.

En el periodo ya citado, se han reportado 2, 198,202 llamadas de emergencia al 9-1-1 por violencia familiar y 786,479 por violencia contra la mujer, denunciaron activistas de diversas Organizaciones no gubernamentales.

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Durante el foro virtual, “La Violencia familiar y feminicidio en México”, organizado por Causa en Común, María de la Luz Estrada, fundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró que “el país se encuentra en rojo”, ante el creciente número de feminicidios, homicidios violentos y agresiones en contra de niñas y mujeres; muestra de ellos es que 22 estados cuentan con 25 Alertas de Violencia de Género.

Precisó que de enero a diciembre del 2021, se registró la desaparición de al menos 10 mil 032 mujeres, de las cuales 2 mil 281 continúan desaparecidas a pesar de que la mayoría de las víctimas son menores de edad y a que delitos como trata y feminicidio están vinculados en gran medida a su desaparición.

Según el trabajo de Causa en Común “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, de enero 2020 a febrero de 2022, se registraron en medios al menos 782 casos de mujeres asesinadas con crueldad extrema.

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El 25% de las personas desaparecidas en México, son mujeres entre 10 y 17 años. Las políticas públicas no deberían ser una simulación y realmente se debe aplicar el enfoque de género, comentó Josefina de León Mendoza, REDETAM.

María de la Luz Estrada indicó que “a las autoridades les es difícil reconocer que las políticas de atención, prevención y sanción de los feminicidios son deficientes en todos los niveles de gobierno. Por ello, este tema sigue siendo un desafío, las políticas públicas no están impactando y los datos son alarmantes”.

En ese tenor, Ana Fátima López afirmó que “se están ocultando cifras porque las carpetas de investigación hacen como si no pasara nada”. Afirmó que los eventos no se registran como se debe, y que, además, hay miles de mujeres que no tienen intérpretes, que se encuentran en los municipios más abandonados del país, y las estamos dejando sin voz y fuera de las cifras nacionales.

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Josefina de León Mendoza indicó que la grave crisis de violaciones a derechos humanos que se vive en Tamaulipas, ha llevado a la población a adoptar un activismo forzado en un contexto donde la violencia está generalizada.

También hizo un llamado a adoptar un compromiso social y moral que no deje las políticas públicas en la simulación del papel, ya que, del total de personas desaparecidas, el 25% son adolescentes, probablemente víctimas de trata del “crimen autorizado”.

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Flor Montes de Oca agregó que es importante impulsar en México las reformas legales y la promoción de “órdenes de protección” para mujeres y niñas frente a la violencia de género. Enfatizó que este mecanismo representa un derecho vital para garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas, una vía segura para prevenir agresiones, o bien, resguardarlas frente a la violencia. Recalcó que es una obligación del Estado garantizar la viabilidad de este recurso.

Causa en Común recordó que el 95% de los delitos en México quedan en total impunidad.

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