A la fecha se han declarado 26 Alertas de Violencia de Género en 24 entidades que incluye a más de 643 municipios; la primera alerta declarada formalmente data del 2015. Y desde la primera fecha al 2018 se tiene registro de declaradas.
En el último sexenio se sumaron ocho declaratorias más, la última se otorgó al estado de Guanajuato, informó Sayda Yadira Blanco Morfín, encargada de la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista con la OEM, la funcionaria federal precisó que las 8 alertas del sexenio pasado, no necesariamente son la para la misma cantidad de estados, ya que en algunas entidades se cuenta con dos alertas, como es el caso del Estado de México, Veracruz y Guerrero.
Puntualizó que la última alerta de violencia de género contra las mujeres fue Guanajuato en 17 municipios, “lo cual es un procedimiento muy minucioso desde que se solicita hasta que se llega a la declaratoria; el mecanismo requiere toda una experiencia de trabajo conjunto, entre diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil.
Las alertas son para ciertos municipios de la entidad, van a cierto territorio determinado. Cada uno de los municipios va a tener alguna acción específica no va para todos las mismas medidas.
Hasta el 2018, se contaba con 18 estados con alerta de violencia de género; Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz por agravio comparado, Zacatecas, Oaxaca, Durango Campeche y Jalisco.
En el sexenio pasado se sumaron ocho mecanismos entre ellos: Puebla, Estado de México por desaparición de mujeres Guerrero, por agravio comparado, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala, Sonora y Guanajuato.
En Ciudad de México se autodecretó la declaratoria de alerta por violencia hacia las mujeres, en la administración de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en noviembre del 2019. La cual se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México (DAVM).
La Encargada de despacho de la Conavim dejó claro que el mecanismo ha ido evolucionando, "no es lo mismo lo del 2015, a lo que es ahora el mecanismo de alerta de violencia de género.
Es un mecanismo muy complejo muy ambicioso porque implica muchas acciones, no sólo la creación de protocolos, manuales de atención, sino también la concientización tanto del servicio público, las instituciones, la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno locales y federales”.
Ello con miras a fortalecer y coordinar acciones de esa perspectiva de género que anteriormente “no se hablaba”, por lo que se han identificado diversos entornos, hay más acciones con esa visión y se concientiza, ¿qué es la violencia, cómo identificarla, con las mujeres, sino para niños, niñas en cualquier entorno.
La doctora en derecho expuso que el mecanismo ha sido ambicioso y ha permitido diversos temas y cuestiones que antes no se identificaban, ya se sabe qué hacer, cómo actuar, la inversión que se tenía que realizar como gobierno actuante.
Si bien es un mecanismo joven, agregó, varias de sus acciones se han ido institucionalizando, se sabe que existen, no porque lo están mandando, sino porque ya se sabe que es una necesidad de la población.
Citó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum acaba de señalar: “que las fiscalías deben ser especializadas también en feminicidio, porque es una necesidad de la que se carecía, no se reconocía el delito por razones de género y sencillamente era más fácil decir: “se suicidó o murió por otra causa o no fue feminicidio, lo que conlleva a tener una reeducación en el plano institucional, en el servicio público, en el plano de las políticas públicas y toda la ciudadanía.
Funcionan bien las alertas de violencia de género
El mecanismo ha sido muy criticado, reconoció Blanco Morfín, para muchas personas ha sido fácil decir que no funciona, “yo creo todo lo contrario, si funciona y podrían funcionar mejor”.
“A eso le apostamos a que vayamos a otro nivel y yo creo que se puede lograr con mayor coordinación, para permite ver cómo está evolucionando en las entidades y cómo se puede pues la coordinación institucional es base, por lo que seguimos trabajando para que se detenga la violencia, “yo confío que sí así será”.
“Desde mi punto de vista el mecanismo ha ido evolucionando, en sí. Empezó de una forma muy compleja y muy ambiciosa, porque desde un inicio quedaron insertos todos los ideales, muchas de las cuestiones que se analizan por las feministas, de mujeres expertas”, indicó.
Se ha fortalecido en la parte institucional el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, que tengan espacios seguros, donde se les pueda brindar atención.
Ahora se cuenta, añadió, por ejemplo ya sea de primero o hasta tercer nivel, lo que significa que es de alto riesgo donde se debe proteger a la mujer y resguardarla, todo eso se fue previendo desde un inicio.
La funcionaria remarcó que desde el 2015 a la fecha, el mecanismo está activo e impacta en las entidades, que ya cuentan con un trabajo específico en un territorio determinado, cosa que antes no se hacía “y que por supuesto se sienten obligadas a hacerlo, por el propio mecanismo el cual fomenta establecer una coordinación interinstitucional, en la propia entidad, en el municipio y con la Federación.
Se tienen espacios instalados, donde puedan acudir las mujeres en una situación de violencia, situación que antes no sucedía, incluso en aquellos municipios o territorios que no contaban con esos lugares, ya cuentan con ellos o buscan establecerlos.
El mecanismo es único, no todos los países cuentan con una figura como esa; “con un mecanismo como éste, queda claro que se puede perfeccionar. “Estoy convencida que si se hacen más esfuerzos el mecanismo puede dar mejores resultados, que también dependen de la disposición y la voluntad política, no sólo los gobernadores y gobernadoras, así como los tres niveles de gobierno, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil.
El mecanismo requiere un trabajo de mucha colaboración, que se ha ido fortaleciendo más en los últimos años, “una coordinación que se puede palpar, se puede dialogar, nos podemos reunir y sentarnos a realizar estrategias.
Las primeras 18 alertas no estaban evaluadas, no había un seguimiento ni revisión; “en este en el sexenio que pasó se puede hablar que se cuenta con 51 revisiones y dictaminación de estas alertas. Ha sido un trabajo tetánico, no ha sido fácil”, afirmó.
Inclusive, señaló que han tenido que recurrir a otras instituciones que han sido el CONACYT, quien fortaleció con personal profesionalizado y especializado en diversas áreas y materias”.
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¿Qué es una alerta?
Las alertas de violencia de género, recaen en la Conavim. “Desde acá tenemos las atribuciones de darle seguimiento al mecanismo como tal, el cual es muy ambicioso. Garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.
Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.
Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.
Las acciones son muy necesarias para establecer en un territorio determinado, “poder, guiar y coordinar aquellas actividades o acciones de la administración pública que pueden ir focalizando medidas que busquen erradicar la violencia de género.
“Aunque sabemos que eso no se consigue de la noche a la mañana”. Lleva sus procesos que en ocasiones son complejos, pero que llevan señaladas, acciones de prevención, atención de seguridad y de acceso a la justicia para las mujeres.
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