De enero de 2014 a la fecha, han muerto o desaparecido 8 mil 586 personas migrantes; 57% falleció o desapareció en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Según información de la Secretaría de Gobernación, se registraron 2 millones 895 mil 970 de eventos de expulsión (1.6 millones personas mexicanas), en diversos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos, privando a las personas de su derecho a solicitar asilo, violando el principio internacional de no devolución y exponiéndolas a riesgos por su condición de edad, salud o discapacidad, género, identidad indígena, afrodescendiente o por su orientación.
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En el cierre de la Campaña, la Directora Ejecutiva de Allliance San Diego, Andrea Guerrero, expuso que cada año un millón de personas son amenazadas por parte de agentes del orden en Estados Unidos, resultado heridas más de 250 mil de ellas y más de un millar terminaron siendo asesinadas.
Puntualizó que 2022 fue el año más mortífero, pues más de mil 200 personas perdieron la vida a manos de policías locales o agentes fronterizos, la mayoría de esas personas migrantes eran latinos o afrodescendientes, donde menos de 1% de los responsables fueron juzgados y el resto quedó impune.
Debido al uso desproporcionado e incluso letal de la fuerza en contra de las personas migrantes, campañas como Empieza con Dignidad #StartWithDignity tiene gran relevancia para la agenda de defensa, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas; y resignifican la alianza de Estados Unidos y México, para el cuidado de quienes están en contexto de movilidad.
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En ese marco, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, se pronunció por continuar alzando la voz a favor de la dignidad de las personas migrantes y condenar cualquier acto violento de las autoridades en ambos países, así como para promover la vida libre de discriminación, xenofobia y racismo.
Resaltó que el endurecimiento progresivo de las políticas migratorias en todo el mundo, genera que las personas que no cumplen con los requisitos de entrada a los países-destino, se arriesguen a hacerlo de forma irregular, a través de rutas y en medios de transporte peligrosos, con el fin de evitar ser detectadas, pero expuestas a la explotación, violencia, extorsión y trata con fines sexuales, así como al secuestro y el reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado.
Migrantes objeto de violencia
Destacó los resultados de la Campaña por ser ejemplo del trabajo entre sociedad civil, academia, organismos públicos y otros sectores de México y Estados Unidos, naciones hermanadas por su historia, cultura, geografía y retos comunes, particularmente el actual flujo de movilidad humana, que atraviesa por una situación crítica.
La mayor parte de las personas migrantes en América Latina son objeto de la violencia racial letal -en muchos casos-, además de que es precisamente el racismo estructural uno de los motivos por los que se ven obligados a buscar llegar a Estados Unidos, en donde si logran arribar, son criminalizados por las policías locales y agencias federales -también bajo el criterio de perfilamiento racial-, y violentados en sus derechos humanos.
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Se refirió a iniciativas locales como la Ley SB4 en Texas que, de ser aprobada, obligaría a los gobiernos locales y agencias de ley, a realizar el trabajo de agentes de inmigración a detener o arrestar a las personas con un estado migratorio irregular, incluidas las nacidas en Estados Unidos.
De ahí que llamó a terminar con la criminalización letal de las personas migrantes racializadas; a atender las observaciones y recomendaciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, que condena el racismo sistemático y a impulsar normas claras para el uso de la fuerza, con un enfoque de derechos humanos.
Andrea Guerrero recordó el caso de Anastasio Hernández Rojas, migrantes mexicano de San Luis Potosí, quien fue asesinado, a pesar de residir por décadas en San Isidro, en Estados Unidos, en 2010, sin cargo para los responsables de fuerza excesiva. El caso espera una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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