De enero a junio de 2024, se registraron un promedio de 12 atrocidades y 27 víctimas por día, aseguró la organización civil, Causa en Común.
En el seguimiento que realizó la organización destaca que durante el citado periodo se registraron al menos 507 casos de tortura, 290 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres, 270 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 187 masacres.
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Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las cinco entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el periodo enero-junio fueron: Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Baja California y Tabasco. Al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.
En el primer informe del 2024 del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, Causa en Común reveló que, de enero a junio de 2024, se cometieron en el país, al menos, 2,185 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades.
Entre los hallazgos del estudio destaca que: se registraron un total de 1,850 notas periodísticas y 4,959 víctimas de alguna atrocidad durante el periodo.
Por tipo de atrocidad, destaca que, en promedio, se registró una masacre al día, además de 1.5 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y 2.7 casos de tortura.
Asesinato de mujeres y menores de edad en México
El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en el país (después de casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres) con, al menos, 270 casos, un promedio de 10 casos cada semana.
De igual forma se acumularon, al menos, 117 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 19 casos al mes.
Causa en Común recordó que para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Por lo que propuso: cada ciudadano y cada comunidad tienen la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trascienden los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales.
Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
Dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades.
Refirió que es necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país.
Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región de México.
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