En respuesta a las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, por el cumplimiento del plazo de 90 días impuesto por Estados Unidos al Estado Mexicano para frenar el flujo migratorio, bajo la amenaza de subir los aranceles a las exportaciones mexicanas; organizaciones de la Sociedad Civil, expertas en temas migratorios, lamentaron el tono de celebración de una política migratoria basada en un enfoque de seguridad nacional que se traduce en persecución, xenofobia y muerte de personas migrantes con un alto costo humano, económico y social.
Resaltaron que en lo que va del 2019 se ha detenido a más de 108,503 personas. De ellas, 32,507 son niños y adolescentes a quienes de manera sistemática se les violenta el derecho de protección internacional reforzada y el interés superior de la niñez establecido en el artículo 4o Constitucional al priorizar los intereses económicos y político-electorales de Estados Unidos sobre su vida e integridad.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI; Sin Fronteras IAP; y REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, cuestionaron la política migratoria por representar un retroceso en las obligaciones internacionales del Estado Mexicano para cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración, firmados y ratificado por México.
Entre ellos el "Pacto Mundial sobre Migración" celebrado en 2018, y otra jurisprudencia inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se establece que la detención de migrantes sería el último recurso institucional después de agotar otras alternativas.
Aún con el alto nivel político que le han otorgado al tema migratorio, es evidente la insuficiencia de recursos humanos y económicos para procesar solicitudes de asilo y los riesgos para la salud e integridad de las personas privadas de libertad.
Precisaron que las detenciones masivas alcanzadas al usar a la Guardia Nacional para militarizar las fronteras sólo ha incrementado la vulnerabilidad de migrantes ante el crimen organizado, creando las condiciones para que sucedan graves violaciones a derechos humanos en la ruta migratoria y en las estaciones migratorias, que han superado en distintos momentos su capacidad instalada, manteniendo condiciones denigrantes y un trato discriminatorio -especialmente contra la comunidad afrodescendiente- alcanzando niveles de crisis humanitaria.
Las obligaciones de protección que tiene México siguen ausentes, en el discurso y en los hechos: ante un aumento en las solicitudes de asilo, no se ha reforzado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la cual trabaja con un presupuesto insuficiente aun cuando a la fecha ha recibido más de 48,254 peticiones de asilo, en fuerte contraste con el año pasado con 14,562 expedientes en el mismo periodo.
Las autoridades no han tenido la capacidad de detectar a las personas que necesitan de protección internacional, especialmente mujeres y personas jóvenes; y muchas de ellas han sido devueltas a sus países donde su vida corre peligro.
La política migratoria, que hoy presume la Cancillería mexicana sólo ha logrado cumplir las exigencias impuestas por los Estados Unidos, pero el costo humano ha sido muy alto. Nos ha llevado a cargar con muertes dolorosas como la de Emma, presuntamente asesinada por elementos de la Policía Federal de Veracruz, la de Oscar y Valeria, o la de Marcos en Saltillo frente a su pequeña hija, indicaron.
JLP