El crimen organizado de apoderó del mercado negro de Gas LP en la CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, más Jalisco, Zacatecas, Durango, Querétaro y Tamaulipas y ya no solo venden el producto robado a Pemex, también extorsionan a las empresas y las obligan a participar en dicha actividad, por eso muchas compañías han cerrado sus instalaciones, explica Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG).

En entrevista, señala que el caso de Guerrero es muy grave, porque obligan a los empresarios a participar en sus esquemas ilegales de negocios con amenazas, lo que afecta los servicios, por ejemplo, en este momento hay tres plantas en Zihuatanejo que están cerradas y que dejan sin empleo a más de 500 personas, además de que se impiden más de 4 mil 500 servicios diarios.

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“En Guerrero, particularmente en Zihuatanejo, es donde, debido a la presión que ejercen grupos criminales a través de cobro de derecho de piso a las empresas, las obligan a que vendan Gas de origen ilícito, que les renten sus instalaciones y a establecer días de operación y precios al que debe ser vendido”, señaló.

Los datos que tienen los distribuidores son que la totalidad del mercado negro de Gas LP, llamado Huachigas, representa una pérdida mensual de mil 200 millones de pesos para Pemex y con las nuevas reglas dispuestas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) esta pérdida ya no será para la petrolera, sino se la van a cobrar a los consumidores.

El problema es la cantidad de tomas clandestinas que hay en el ducto que va del centro procesador de Cactus, en Tabasco, a Guadalajara, ya que crecieron de 2018 a 2022 en un mil 148%, al pasar de 215 perforaciones a 2 mil 684.

Landeros comentó que las plantas de distribución del combustible que operan en la zonas mencionadas se han visto en la necesidad de cerrar sus operaciones, con graves implicaciones en el abasto.

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“Al menos el 80% del Gas LP robado termina en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es gas que se vende por debajo del precio, sin control alguno y sin regulaciones de seguridad, el resto se vende en los estados del Triángulo Rojo (Veracruz, Puebla y Tlaxcala) o se mueve hacia Guerrero, en donde el abasto necesariamente se hace por tierra y es donde el crimen organizado se aprovecha”, indicó.

El presidente de la ADG señaló que han hablado con diversas autoridades sobre el crecimiento del mercado de Gas L.P de origen ilícito, ya que éste creció de manera exponencial en los últimos años, acompañada por diversos grupos criminales en diferentes zonas del país, y ahora ya están presentes en la toda la cadena de distribución de la industria, en especial en la última milla.

“Hay amenazas, extorsiones y cobro de derecho de piso, restringen la entrada y venta a muchas zonas donde se consume este combustible y, por ende, en donde más se afecta a la población, se tienen zonas de alta incidencia del crimen organizado en la actividad como es el caso de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México”, por ejemplo.

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Los gaseros presentaron la tarde de este jueves una carta a la Secretaría de Energía con el fin de que se establezca una mesa de trabajo con el sector para abordar de manera inmediata acciones que permitan implementar una estrategia conjunta para detener este fenómeno que atenta en contra de uno de los servicios básicos de la población y que pone en riesgo inminente a la población consumidora.

“Se han presentado denuncias, sin que, hasta el momento, se tenga algún resultado que permita detener a estos grupos o minimizarlos”, reveló.

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