El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) consideró indispensable garantizar el acceso de todas las personas a todos los derechos, especialmente a la salud, por lo que es necesario emprender medidas que nivelen las condiciones de desventaja y den prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades indígenas, poblaciones callejeras, personas privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad (PcD) y quienes viven con VIH.

Pues el organismo precisó que esos grupos siempre han padecido desigualdad y discriminación, y se ha agravado por los impactos diferenciados de la pandemia.

Recordó que de acuerdo con el calendario del Plan Nacional de Vacunación presentado por el Secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, después del personal de salud, en la segunda etapa se incluye la vacuna de las personas de 80 años y más; en la tercera, de 70 a 79 años; en la cuarta, de 60 a 69 años; en la quinta, de 50 a 59 años; en la sexta, de 40 a 49 años; y en la séptima, la población menor de 40 años.

Lo anterior cobra sentido de acuerdo con la demografía de los contagios y, sobre todo, de los fallecimientos por Covid-19. Por supuesto, los datos nos muestran que las personas mayores son un grupo particularmente vulnerable.

Pero, agregó, estudios de la UNAM demuestran que el perfil de las personas que mayormente han perdido la vida ante el virus son hombres de edades entre los 40 y 69 años que viven en condiciones socioeconómicas precarias, y que en su mayoría son quienes no han podido dejar de salir a trabajar.

Asimismo, estos análisis consignan que los municipios indígenas, es decir, aquellos habitados por más del 70% de personas hablantes de lenguas indígenas, presentan mayores índices de mortalidad, lo cual obliga a que estas poblaciones sean consideradas como grupos prioritarios para la aplicación de las vacunas contra covid-19.

Indicó que los impactos han sido particularmente significativos en los grupos de atención prioritaria, pues la pandemia ha agravado las condiciones de desigualdad y desventaja que estas poblaciones ya enfrentaban históricamente.

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Además, en muchos casos las medidas tomadas para contener la pandemia, han afectado de manera diferenciada a estos grupos, que desde antes de la pandemia veían restringido o negado su acceso a diferentes derechos. Las medidas, en apariencia neutrales, han generado impactos diferenciados en las poblaciones de atención prioritaria, que además se entrelazan con los grupos de riesgo detectados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En agosto pasado, el COPRED publicó su Informe de impactos diferenciados por Covid-19: Diálogos con organizaciones de la sociedad civil, en donde da cuenta de cómo ha impactado la pandemia por Covid-19 en los siguientes grupos de atención prioritaria.

Personas trabajadoras sexuales, poblaciones callejeras, personas LGBTTTIQ+, personas con discapacidad (PcD), personas mayores, personas privadas de la libertad, personas migrantes y refugiadas, personas trabajadoras del hogar, personas afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes (NNAs), personas que viven con VIH y mujeres.

Refirió que ante la preocupación por la profundización de la brecha de desigualdad ante la pandemia, consideramos pertinente alertar sobre la adopción de una perspectiva interseccional para la aplicación de la vacuna contra el SARS-COV2, es decir, además del enfoque etario, considerar la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas poblaciones, lo cual potencia su posibilidad de contraer el virus y enfermar con síntomas de gravedad.

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