La pandemia ha puesto en evidencia una larga lista de condiciones estructurales que profundizan la exclusión de los pueblos indígenas a los servicios de salud.
La falta de acceso al derecho a la salud se expresa en la falta de clínicas en las comunidades indígenas, esto se convierte en una posible violación a los derechos humanos, con base en los Instrumentos Internacionales de los que México es parte, y en los términos del artículo 4to de la Constitución mexicana y la ley general de salud, revela el monitoreo de Comunidades indígenas y equiparables ante la emergencia sanitaria por el Virus SARS-COV-2, que realizaron diversas organizaciones de la sociedad civil.
El 40.5% de las personas que viven en zonas rurales tiene más de 60 años, esto quiere decir que las personas que viven en comunidades indígenas y campesinas son población de riesgo para la Covid-19. Aunado a esto, 17.4% de ellos viven en pobreza extrema.
La pobreza se ve agravada por la desnutrición crónica en menores de 5 años, la cual afecta al 20.9% comparado con el 11.1% en zonas urbanas y el sobrepeso obesidad, que en el periodo de 2012 a 2016 aumentó de 61.1% a 67.5% y de 68.9% a 74.7% en hombres y mujeres, respectivamente.
Además, resalta que los niveles de violencia que existían antes de iniciada la pandemia se mantienen aún en medio de la contingencia en por lo menos 31 comunidades. Los incidentes han sido: Mayor presencia del Crimen Organizado, Bloqueos de los mencionados grupos criminales, Homicidios, Desapariciones, Balaceras, Amenazas y Extorsiones.
El documento elaborado por Aura Investigación Estratégica, Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé́ de las Casas, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C, Salud y Desarrollo Comunitario A.C; Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA), Servicios y Asesoría para la Paz, (SERAPAZ), entre otros.
Hay poca claridad de los impactos que tienen las medidas gubernamentales, pues muchas comunidades tienen que desplazarse varias horas para acceder a los hospitales del programa IMSS-Bienestar.
En este monitoreo, corroboramos también, que cuando hay personas capacitadas en la atención a pacientes con COVID-19 las comunidades expresan estar mayor y mejor informadas y por lo tanto, cuentan con mejores medidas preventivas, sin embargo hemos documentado que esa no es la situación de la generalidad de las comunidades.
Lo anterior habla, por un lado, que las campañas que ha llevado a cabo el gobierno han sido insuficientes para dotar a la población indígena de información que generen tranquilidad y certidumbre y por el otro, del trabajo que las organizaciones de la sociedad civil están llevando a cabo llenando el vacío del estado en las comunidades indígenas y equiparables.
Señala que los niveles de violencia que existían antes de iniciada la pandemia se mantienen aún en medio de la contingencia en por lo menos 31 comunidades.
Refieren que particularmente llama la atención que en 5 comunidades la percepción es que la situación de inseguridad ha aumentado, además de que en 6 comunidades manifestaron una situación de crisis.
Los incidentes han sido: Mayor presencia del Crimen Organizado, Bloqueos de los mencionados grupos criminales, Homicidios, Desapariciones, Balaceras, Amenazas y Extorsiones.
Estos incidentes durante la contingencia hablan, por un lado de la ausencia del Estado en sus tareas de seguridad; y por el otro, de la intención de actores como el crimen organizado que aprovechan el confinamiento de las comunidades para avanzar en el control del territorio.
El informe destaca que las comunidades indígenas no tienen conocimiento certero de las personas vulnerables para el Coronavirus dentro de sus comunidades. Existen una serie de condiciones estructurales en las comunidades que denotan la ausencia del estado, lo que se traduce en falta de centros de atención Covid-19.
JLP