A través de la Subprocuraduría Jurídica, la Procuraduría Federal del Consumidor fue notificada sobre la conclusión de la investigación de la CNDH en contra del actual procurador, David Aguilar Romero, quien fue denunciado en abril del 2024 por una exfuncionaria quien le acusó de acoso sexual y amenazas.
Fue en días recientes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General, María del Carmen Ojesto, que notificaron a la denunciante sobre la conclusión de la investigación.
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La CNDH argumentó que, tras analizar la evidencia, no se encontraron pruebas suficientes que sustenten violaciones a los derechos humanos. Además, la denunciante rechazó someterse a una prueba pericial en psicología, lo cual habría permitido avanzar en la investigación.
Sin quejas previas
La encargada del Sexta Visitaduría destacó que la denunciante no presentó ninguna queja previa ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control de la Profeco, “No se recibió ninguna notificación de ninguna autoridad interna o externa por algún agravio que se le haya causado, ni tampoco de su parte, por lo que no se aplicó ninguna medida cautelar para evitar represalias y agresiones en su contra de cualquier índole”, se puede leer en el documento con el que la CNDH notificó a la denunciante y del que La Prensa tienen acceso.
El expediente también menciona que, según el actual titular de la Profeco, David Aguilar Romero, los cargos y funciones descritos por la denunciante no correspondían con la realidad, quien estaba adscrita a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica como Jefa de Departamento "C", en modalidad eventual.
“Posteriormente, en mayo de 2023, fue trasladada a la Coordinación General de Educación y Divulgación, donde ocasionalmente realizaba labores administrativas para el ahora procurador, en un ambiente descrito como cordial y respetuoso”, detalla la CNDH en el documento.
Así mismo, durante la integración del expediente, la comisión se contactó telefónicamente con la denunciante en mayo del año en curso en donde ella argumentó que estuvo amenazada de muerte por un año, pero ya que se “sintió libre” acudió a denunciar ante la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Función Pública, donde se encuentran en trámite sus denuncias.
Denunciante se negó a una prueba pericial de psicología
De acuerdo a la versión de CNDH, al indicarle a la denunciante que, para poder continuar su investigación ante la comisión era necesario desahogar una prueba pericial de psicología, la denunciante no mostró interés impidiendo el avance en la investigación.
En lo que respecta a las acusaciones que la exfuncionaria hace en contra del ahora procurador por negarle las herramientas de trabajo, aislarla, hacerle ghosting y ordenar la vigilancia de sus redes sociales que habría derivado en su renuncia en el mes de enero del 2024, la CNDH comparte en el documento la respuesta de la autoridad señalada como probable responsable, en el que acusado asegura que es falso que haya instruido a la Directora General de Difusión para que monitoreara sus redes, “menos aún se le prohibió subir contenido limitando de forma alguna su libertad de expresión”.
En medio de los señalamientos y ante “el nombramiento de un nuevo titular en la Coordinación, la denunciante solicitó su reasignación a otra área para mantener su empleo. Aunque se buscó proteger su estabilidad laboral mediante su colocación en la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor, renunció a ese cargo en enero de 2024. Sin embargo, posteriormente firmó un contrato por honorarios hasta marzo de ese año”, explica la CNDH en el documento.
En su defensa, el ahora procurador aseguró que, a partir de noviembre del 2023, la denunciante habría recurrido a enviar insistentes mensajes de WhatsApp con insinuaciones que contravenían el Código de Ética, en un intento por extender su contrato hasta junio de 2024. Ante la negativa de prolongar su relación laboral debido al incumplimiento de horarios y otras irregularidades, la Profeco decidió terminar su contrato, junto con el de otras 25 personas.
Finalmente, la CNDH concluyó que las posibles faltas administrativas que pudieron haberse cometido en este caso serían de carácter exclusivamente administrativo, por lo que se dio vista al Órgano Interno de Control de Profeco para que inicie las investigaciones correspondientes, mientras ofrece orientación jurídica a la denunciante para darle seguimiento ante el órgano anticorrupción de la Profeco.
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