La población de la Ciudad de México gasta más de cuatro mil millones de pesos en agua embotellada al año, casi el presupuesto destinado para 2019 al Sistema de Aguas (Sacmex), ante la falta de certeza en la calidad del agua. Lo que lleva a replantear la situación en municipios y organismos del sistema hidráulico, antes de incluir este producto en la canasta básica.
La investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Delia Montero Contreras, resaltó la importancia de evaluar la tarea de esos sistemas responsables de repartir el vital líquido para consumo humano y terminar también con “la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control, ligadas al mal manejo de permisos, verificaciones y pipas” que originaron cambios de hábito de consumo de los mexicanos.
La incertidumbre de la calidad del agua ha hecho que los ciudadanos tomen sus propias decisiones y hayan considerado más segura la embotellada, que “representa un gasto millonario para los hogares de todo el país, principalmente si consideramos que representa sólo 0.22% del consumo total del agua en los domicilios”, sin descuidar las compras que se hacen en el sector gubernamental, oficinas privadas o escuelas, resulta “por demás escandaloso”.
Prueba de esto es que “las familias de menores ingresos son las que destinan más recursos en agua envasada, pero no son las únicas, ya que 90 por ciento de los habitantes del país” registra ese hábito, por lo que “México destaca a nivel mundial como el principal consumidor, con 390 litros por persona al año”.
En su estudio Agua embotellada no debe ir en la canasta básica, la académica califica de “tema sensible” esta iniciativa del gobierno federal, toda vez que es fundamental evaluar las funciones de los municipios y organismos operadores y de los cientos de purificadoras sin control que crecieron en los últimos 19 años.
“Difundir la información como señala el propio Presidente de la República es fundamental, pero el cambio institucional requiere más que eso, se necesita terminar con la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control, que son más que prácticas ligadas al mal manejo de permisos, verificaciones y pipas”.
La jefa del Área de Investigación de Economía Institucional, Estado y Gestión Social de la Unidad Iztapalapa sostiene que el primer paso será evaluar a las purificadoras, aquellos pequeños negocios que desde el año 2000 venden “agua purificada, pero de dudosa calidad a familias de bajos recursos.
“El problema con estas pequeñas empresas es que no están debidamente reguladas, posiblemente muchas no estén registradas ni pagan impuestos, muchas de ellas se abastecen de pipas, no cambian seguido sus filtros y se ubican sobre todo en zonas de bajos ingresos con precios que oscilan entre los 7 y 15 pesos por garrafón”.
Además, el crecimiento de embotelladoras transnacionales que iniciaron operaciones en México a mediados de la década de 1980 como Danone (Bonafont), Nestlé (Santa María) y más tarde Coca-Cola (Ciel), PepsiCo (Electropura y E-Pura).
“Entre purificadoras y transnacionales poco a poco han cerrado el círculo de consumidores en México, en el cual casi no hay competencia, ya que las primeras se orientan a un mercado de bajos ingresos que no es el más importante para las transnacionales, mientras éstas últimas se sitúan en el segmento de medios y altos ingresos”, precisa.
Por tanto, a nivel nacional abastecen purificadoras y transnacionales el 50 y el 50 por ciento del mercado nacional, lo que ha incidido en el cambio de hábito del consumo de agua potable entre los mexicanos, el cual se ha expandido a lugares como la sierra de Oaxaca, donde dejaron desde hace diez años de beber la de ese sitio.
De acuerdo con datos de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “son los más certeros que encontramos”, a nivel nacional estaba registrado un total de 10,049 purificadoras en todo el país, la mayoría ubicadas en zonas marginadas, que es su principal mercado”, anota.
Que el agua embotellada no debe de entrar en la canasta básica se debe a que la fuente de abastecimiento del vital líquido de los beneficiarios de programa son las purificadoras, que en muchos casos son establecimientos sin regulación, a lo que agregaríamos que el comercio de agua en pipas con las que muchas se abastecen es todo un misterio y corrupción”.
