Ninguna nación en conflicto armado alcanza las dimensiones de la violencia que se dan en México, “el país de los abrazos'' donde cada 14 horas se da una agresión a periodistas debido al uso ilegítimo del poder, consideró el Centro Católico Multilateral.
La organización Artículo 19 publicó un documento titulado Primer semestre de 2022: La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste.
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Estudio imprescindible que da cuenta de la lamentable situación de violencia contra reporteros, periodistas y profesionales de la comunicación agudizada en el presente sexenio de la supuesta libertad, que no es igual a los del pasado.
En su editorial “hay otros crímenes de Estado”, destacó que según el documento, la situación es muy grave. En este período se dio un registro de 331 agresiones contra periodistas.
“En comparación, el primer semestre del 2016 ARTICLE 19 registró 218 ataques contra la prensa.
Esto significa que en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador hay un incremento del 51.83% de agresiones contra la prensa”, según afirma.
Este problema, agregó, como otros urgentes, han sido despreciados por el poder en turno. Incluso se ha dedicado toda una sección en las conferencias de prensa matutinas para desacreditar el derecho a la información atribuyéndose la autoridad de decir qué es verdad según convenga al régimen.
Resaltó que la reciente liberación del informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa enterró la verdad histórica para convertir a la noche de Iguala en un crimen de estado.
El CCM afirmó qué tal afirmación refleja el grado en el que autoridades de diversos órdenes pueden estar coludidas para ejecutar crímenes lesivos de los derechos humanos y abominables por la corrupción e impunidad que podría desestabilizar cualquier gobierno.
A la par de la liberación de ese informe, otro fue dado a conocer esta semana que concluye.
El informe da cuenta de 12 asesinatos de periodistas, de ellos, 9 muertes relacionadas con la labor periodística, pero hay otras graves consecuencias, ese es “el desplazamiento interno forzado y el exilio de periodistas, quienes ante la ausencia de garantías que les permita ejercer su labor de manera segura, se vieron obligados abandonar sus hogares”.
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A esto añade los discursos que, desde el poder, estigmatizan a los periodistas y medios. Y sentencia de forma categórica: “Desde el titular del Poder Ejecutivo Federal, se sigue identificando un «efecto cascada» donde, sin importar el nivel de gobierno, o el partido, las autoridades deslindan su responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al catalogarla como conservadora, vendida, o adversaria, entre otros”.
Para Artículo 19 la violencia contra periodistas no ha podido ser frenada y apunta al Estado como principal agresor. Así, políticos y gobiernos son los principales incitadores del odio, incluso usando los medios a su alcance y con todo su poder, para callar el derecho a la información. Durante estos primeros seis meses del año, afirma, “las y los agentes del gobierno son responsables de perpetrar 128 agresiones, lo que equivale a un 38.67% del total. De los cuales las y los funcionarios públicos civiles cometieron 75 agresiones (22.66%), las fuerzas de seguridad civiles 45 (13.60%) y fuerzas armadas 8 (2.42%).
En marzo de 2022, después del artero crimen contra el periodista Armando Linares, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, señaló algunas ideas que son el pensamiento de la Iglesia sobre la labor de comunicar: “los periodistas para la Iglesia representan la gran oportunidad para transmitir buenas noticias y para promover en nuestra sociedad: La unidad, el diálogo, el perdón, la reconciliación y la paz”.
Sin duda una sociedad libre que se precie de democrática tendrá un baluarte en el derecho a la información.
Pero en México es incómodo. Y estos parecen ser un crimen de Estado cuando desde el poder, se ordenó silenciar la verdad, finalizó el CCM.
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