Los problemas ambientales en la Ciudad de México y en otras entidades del país se agravarán, en caso de que el gobierno federal consolide la modificación del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, que se tiene previsto entre en vigor el próximo 31 de diciembre.

Además, la fracción parlamentaria del PRD en la cámara de Diputados consideró que con ello se le daría una estocada a la economía mexicana, porque directamente se afectaría a la industria automotriz.

Dentro de ese contexto, la legisladora Mónica Almeida López, debido a la poca posibilidad de dar marcha atrás al decreto presidencial, se pronunció por implementar y ejecutar diversas medidas de control. La idea es que los automóviles que ingresen sean híbridos y eléctricos, mientras que los de combustión tengan una revisión exhaustiva de emisión de contaminantes y no sólo la regulación delos años de antigüedad como requisito, que es lo que plantea ese decreto, con el objeto de evitar más problemas multifactoriales a México.

Sostuvo que la regularización de los vehículos de importación provenientes de Estados Unidos, conocidos como chocolate, provocarán una caída en las ventas de la industria automotriz del 20% al 30% entre 2019 y 2020, lo que implica un riesgo de pérdida de empleos y disminución de la inversión, según cifras difundidas por el director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales.

La representante popular perredista aludió que la competencia desleal y los problemas administrativos por omisión de contribuciones, como pago de placas y tarjeta de circulación, entre otros, también se tendría un bajo control en materia de seguridad.

Abundó que se agravarían los problemas medio ambientales que sufre México, al no tener control de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que incrementaría el costo del sector salud para atender enfermedades derivadas de la mala calidad del aire, porque el país recibiría vehículos considerados chatarra en Estados Unidos.

Para Almeida López “es necesario primeramente resolver el problema de los autos chocolate que ya existen en el país y que actualmente se calcula que ascienden a más de seis millones; el país no puede improvisar y aventurarse a que este decreto surta sus efectos sin solucionar la situación jurídica de los que ya se encuentran en el país, como ha pasado en administraciones pasadas”.