La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) dio a conocer el estudio “Impunidad Ambiental en México. Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020”, en el que se establecen los retos en materia ambiental de cada una de las entidades de la República Mexicana.
El análisis, encabezado por la Doctora en Ciencias Políticas y Sociales Celeste Cedillo y el profesor decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, Juan Antonio Le Clercq Ortega, define “impunidad ambiental” como: “La imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente, sea esto consecuencia de la falta de capacidades institucionales o de voluntad política de las autoridades”.
De acuerdo con el estudio, una entidad destaca como de muy alta impunidad: Colima, y seis entidades comparten impunidad alta: Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco.
Otras 15 entidades se ubican en situación de impunidad media, cerca del promedio nacional (que se ubica en 0.25): Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.
Y finalmente, en impunidad media baja se encuentran las diez entidades con mejor -o menos peor- desempeño: Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Baja California, Ciudad de México, Morelos y Durango.
NINGUNO ES UN EJEMPLO
El documento aclara que ninguna de las anteriores pueden catalogarse como ejemplo de impunidad baja, y que más que la posición de cada entidad en el ranking, lo más importante es que los datos nos advierten que ninguna destaca por haber alcanzado un alto desempeño en materia de política ambiental.
Añade que los estados deben definir políticas ambientales más ambiciosas y mejor implementadas, cuyos resultados puedan ser medibles, verificables y reportables.
PARA QUÉ SIRVE ESTA INFORMACIÓN
El Índice de Impunidad Ambiental es una herramienta cuantitativa que tiene como objetivo medir y evaluar la estructura y el funcionamiento de la capacidad institucional en asuntos relacionados con el medioambiente, los delitos que involucran el aspecto ambiental, así como la degradación y las políticas desarrolladas para hacer frente a los retos del futuro.
“Todo esto se combina en un solo indicador que evalúa el comportamiento que tienen cada una de las entidades, que a su vez se desglosa por cada dimensión para permitir obtener un diagnóstico más preciso sobre las diferentes condiciones que imperan en cada región. Con esta lógica, la intención es que dicho instrumento sirva de diagnóstico para reconocer los problemas en distintas áreas que involucran al medioambiente”, apunta el documento que se puede consultar en el sitio: www.udlap.mx/cesij
Esto representa un insumo de gran importancia para los tomadores de decisiones, ya que permite focalizar los esfuerzos y encontrar las áreas más vulnerables, y se fomenta el diseño de políticas públicas basadas en evidencia orientadas a garantizar tanto la protección del medioambiente como el disfrute al derecho a un medioambiente sano.
MÉXICO NO TOMA EN SERIO LA SITUACIÓN
El estudio también señala que, en el contexto de la crisis ambiental global, México no está tomando con seriedad La situación, y que esto se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, a pesar de mantener en las últimas décadas una posición de liderazgo en la definición de instrumentos ambientales internacionales, sus programas de gobierno y aplicación de la justicia ambiental, tanto federales como estatales, corren el riesgo de entregar resultados ineficientes y de baja calidad ante una profunda reducción presupuestal que ha minado al sector al menos desde 2012.
El Índice de Impunidad Ambiental 2020 fue desarrollado por investigadores y estudiantes de la UDLAP, y se trata de un proyecto que fue seleccionado para representar a México en el Foro de París sobre la paz, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre de 2021.