Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, promoverá una consulta extraordinaria para resolver de manera inmediata la extensión de su mandato por dos años más al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.
El día de ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Poder Judicial de la Federación más importantes en los últimos 25 años, fruto de un esfuerzo inédito de colaboración entre los tres Poderes de la Unión, en el marco de la división de poderes.
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Por respeto a los tiempos y cauces institucionales, desde un inicio se manifestó por dar lugar a la culminación del proceso legislativo. Una vez que ha sido publicada y que ha entrado en vigor la reforma, a fin de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal, se hace necesario buscar una salida inmediata que permita retomar el foco en la implementación de la reforma.
Por ello, con fundamento en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dadas las circunstancias apremiantes del caso, presentaré al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo Décimo Tercero transitorio.
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Se trata de una reforma que sienta las bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía; con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo; con una carrera judicial renovada e incluyente, orientada por el principio de la paridad e igualdad de género; que, apuesta por un nuevo modelo de formación, y que fortalece el papel de la Corte como tribunal constitucional.
En el debate legislativo se incluyó un artículo transitorio que prorroga, entre otros, el ejercicio de la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Éste ha generado un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes.
En una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa, los cuales deben interpretarse acorde a las circunstancias, de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional.
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