Las solicitudes de la condición de refugiado en México pasaron de más de 118, 500 en 2022 a más de 140,500 hasta mediados de diciembre de 2023, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debido a que nuestro país se ha convertido en país de destino para personas refugiadas.
En el contexto de aumento en el número de personas que solicitan la condición de refugiado en México, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en coordinación con la COMAR y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, comenzó el levantamiento de la Tercera Encuesta Nacional de la Población Refugiada en México (ENPORE).
La ENPORE informará sobre el perfil demográfico y socioeconómico de la población que ha solicitado protección internacional como refugiada o que es beneficiaria de protección complementaria en México, con el fin de evaluar su proceso de integración en el país y el ejercicio de sus derechos en sus comunidades de acogida, así como los niveles de inclusión de esta población en los programas y servicios públicos.
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La Encuesta contribuirá a medir y fortalecer el impacto de las políticas públicas para brindar soluciones a las personas refugiadas, al tiempo que permitirá que ACNUR revise y fortalezca sus programas y colaboración con distintas dependencias y aliados para garantizar el acceso a derechos y la integración de esta población”, afirmó Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en México.
Este ejercicio se llevará a cabo entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, a través de la encuestadora Impacto Social Consultores, en hogares donde reside población solicitante de asilo, refugiada y beneficiaria de protección complementaria.
La encuesta tiene cobertura nacional y prioriza las entrevistas cara a cara en hogares. En casos donde las personas se ubiquen en municipios de difícil acceso o baja concentración de la población refugiada, la entrevista se llevará a cabo vía telefónica. A través de una selección aleatoria rigurosa de las personas a encuestar, se espera alcanzar hasta 2,200 personas para obtener muestras representativas con inferencia estadística a nivel nacional.
El levantamiento de la Encuesta es posible gracias a la colaboración entre las instancias del gobierno que atienden a la población refugiada y a las personas que compartieron sus datos de contacto con ACNUR para fines estadísticos. La participación de las personas en esta Encuesta es totalmente voluntaria, las respuestas son estrictamente confidenciales y serán utilizadas exclusivamente para la ENPORE; los datos personales derivados de ésta, en ninguna circunstancia se compartirán con terceros.
Las personas encuestadoras portan chaleco color beige de Impacto Social Consultores, y están plenamente identificadas con un gafete. Al presentarse en los hogares, las personas encuestadoras deben explicar que su visita se debe al levantamiento de la ENPORE, a cargo de las instituciones participantes.
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Desde México muchos retornan a sus países
Más de 10.000 personas migrantes y en otras situaciones de movilidad se han acogido desde su lanzamiento en 2018 al programa regional de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM / ONU Migración) para regresar de manera segura, ordenada y digna a sus países. Hasta el 15 de diciembre pasado la cifra de retornos era de 10,501 personas.
La mayor parte de los retornos se realizaron desde México, con 6,324 casos (63 por ciento), seguido por los que empezaron en Guatemala, con 2,325, (23 por ciento), Belice, con 375 (4 por ciento), Honduras y Panamá, con 341 y 283 respectivamente (3 por ciento en cada caso), y El Salvador, con 241 casos (2 por ciento).
Otros países desde los que se realizaron operaciones RVA en porcentajes de participación más bajos fueron Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Perú, por ese orden.
Un importante número de las personas que optaron por este programa de protección ofrecido por la OIM fueron de Honduras, 5,809, o el 58 por ciento del total, seguidas de personas migrantes de El Salvador, con 1,510 (15 por ciento), Guatemala, con 805, (8 por ciento) y Venezuela, con 549 personas (5 por ciento), seguidas de otros países con porcentajes inferiores. Venezuela se sumó al programa apenas en 2022.
“Este programa es muy necesario en una región donde cada vez hay más personas migrantes varadas quienes no tienen los recursos para regresar a sus comunidades, y algunas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Lo que hace la OIM es una asistencia basada en el consentimiento de la persona y en una decisión informada. Muy distinta a la deportación, en este programa se realiza una evaluación caso por caso de las necesidades de las personas y se prioriza la protección de aquellas en situaciones de vulnerabilidad”, dijo Alejandra Gómez, Coordinadora Regional del programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA).
Protección y apoyo para migrantes
De las más de 10,000 personas que se acogieron a esta iniciativa humanitaria un 46 por ciento fueron varones adultos, un 25 por ciento, mujeres adultas, a los que hay que sumar un 16 por ciento de niños y un 13 por ciento de niñas.
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El programa regional de RVA es una respuesta de protección y apoyo de la OIM para facilitar el retorno digno, seguro, regular y ordenado, y la participación de las personas en él está basada en una decisión informada de cada persona en el país donde se encuentren.
Sus beneficiarios son personas migrantes, personas solicitantes de refugio que han desistido de sus procesos o a quienes se les han rechazado sus solicitudes, personas en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes, así como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias.
Regido por diez principios rectores1 y apegado a un protocolo de elegibilidad que determina que solo pueden regresar a sus países aquellas personas migrantes sin amenazas a su vida y a su integridad, el programa regional RVA opera actualmente en once países de Latinoamérica: Belice, Ecuador, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y Venezuela.
Impulsada a partir de dos documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), esta iniciativa humanitaria prioriza la protección de las personas migrantes en la toma de decisión y durante el proceso de retorno, que en todo momento es voluntario y gratuito.
Además, se basa también en el Objetivo 21 el Pacto Mundial para la Migración, donde los países firmantes de este marco de cooperación en materia migratoria decidieron “colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible”.
Adoptado en 2018 el Pacto Mundial es primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a las personas migrantes en situación irregular. No es legalmente vinculante, respeta la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias, y plasma el compromiso de los países que lo han suscrito para salvar vidas de personas migrantes.
Naciones Unidas reiteró que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todas las personas.
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