En el Senado de la CDMX, aprueban la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible la cual dispone el acceso a la alimentación a todas las personas sin tomar en cuenta sus posibilidades de acceso económico o físico a fin de suspender la restricción de elementos nutritivos concretos.
De esta manera, informaron que se entrega la responsabilidad al estado mexicano de atender a esta necesidad humana.
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Aproximadamente 40 por ciento de la población en México carece de los insumos necesarios para costear su alimentación, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La iniciativa fue presentada por la senadora Ana Lilia Rivera y calificó que la relevancia del proyecto deriva de un punto de vista jurídico, pues el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución.
Por lo que el encarecimiento de la canasta básica alimentaria es de 12 %, la cual impacta de igual forma a zonas rurales y urbanas. Asimismo, se indica que las dependencias que integran a la administración pública federal, estatales y municipales a incorporar un 15 % de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, además de promover políticas a favor de los pequeños y medianos productores.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que más del 16.2 millones de los hogares experimentan dificultades para satisfacer sus necesidades alimenticias
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¿Quiénes aprobaron la Ley?
Al presentar la iniciativa, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena) calificó que el proyecto deriva de un punto de vista jurídico, pues el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido en nuestra constitución. Por ello, la necesidad de contar con una ley que regule el acceso a este derecho es fundamental.
El senador José Alfredo Botello Montes (PAN) mencionó que el Estado mexicano tiene la obligación de atender el derecho a la alimentación para las personas en edad escolar. Remarcó que en el artículo 16 constitucional se toma en cuenta la necesidad de las personas menores de edad para contar con una nutrición adecuada, por ello se mostró a favor del proyecto.
La senadora Gabriela Benavides Cobos (PVEM) agregó que dentro de la Cámara Alta se ha facultado a las autoridades educativas a proponer la prohibición de venta de alimentos carentes de nutrientes. Sostuvo que, en esa inercia benéfica, se generó la ley, otorgando a la ciudadanía una herramienta que permita promover la producción, justa y equitativa.
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El senador Alejandro González Yáñez (PT) recalcó que la alimentación es sustancial para realizar cualquier actividad. Asimismo, mencionó que la nutrición no sólo tiene el objeto de alimentar el cuerpo, sino es decisiva para el desarrollo del sistema neuronal; y reconoció que es fundamental una revolución alimenticia para que las personas consuman sus alimentos constantemente.
En su oportunidad, la senadora Marcela Mora (PES) subrayó el arduo trabajo en la conformación del proyecto del nuevo ordenamiento que se realizó en los 18 meses de dictaminación dentro de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; de Estudios Legislativos, Segunda. Reconoció que uno de los objetivos fue la conformación de una normativa plural.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo (GP) mencionó que el 13 % de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, además que más del 22% de los hogares presentan inseguridad alimentaria. En ese sentido, recordó que no se debe confundir el derecho a la alimentación con el de no pasar hambre porque la normativa busca garantizar el acceso físico y económico a productos nutritivos.
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