Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le devolviera al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad para imponer nuevos lineamientos que protejan los derechos de audiencias a los concesionarios de radio y televisión, usuarios de redes sociales volvieron tendencia las críticas por los riesgos de la llamada “Ley Mordaza”, que el ministro Javier Laynez Potisek impuso con su resolución en materia de la ley de audiencias y censura.
El proyecto presentado por Laynez fue avalado por la Segunda Sala de la Corte, para que el IFT recupere dichas atribuciones y que las radiodifusoras y las televisoras se distingan en sus transmisiones entre información y opinión, y entre publicidad y contenido en cada programa. Es decir, ahora los informativos estarán sujetos a unos Códigos de Ética que deberán ser acordes a lo que diga el Estado mexicano por conducto de dicho “órgano autónomo”.
Se observó que con la tendencia y trending topic #LordCensura, los internautas se pronunciaron en contra de la resolución dirigida por el ministro, al considerar que busca dar un importante paso a la instauración de un régimen totalitario en el país, siendo un grave desatino legal y una afectación directa a la libertad de prensa y de opinión.
Además con los hashtags #MinistroMordaza y #MinistroCensura, se acusa de que la intromisión de la autoridad en la calificación de contenidos informativos y de opinión de los medios audiovisuales, representaría una confrontación y un ataque a la libertad de expresión, de prensa y autonomía de los medios electrónicos, la radio y la televisión privados.
Los principales cuestionamientos en redes sociales retomaron que, mediante el amparo a través del cual un juez de distrito restituye ilegalmente las atribuciones del IFT para la “reviviscencia” de los lineamientos de “defensa de las audiencias” de 2016, el ministro junto a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, pretenden que el Gobierno federal tome el control de los contenidos en los noticieros, luego del amparo concedido desde 2019 a la AMDA y a tres personas físicas, es decir, tres comisionados que pueden ordenar la suspensión de transmisiones, ya sea en un periodo extraordinario o esperar que entre en funciones la nueva Legislatura.
Asimismo, entre las principales líneas que expertos y comunicadores retomaron, la afectación con esta nueva “Ley Mordaza” también afecta a la sociedad, pues además de que personas como el ministro Laynez Potisek y los mismos integrantes de la AMDA consideran que la gente es ignorante, la la libertad de expresión y el derecho a la información son garantías constitucionales que quedarían en manos de los comisionados del IFT.
Esta decisión, retoman los críticos, revive las normas que fueron anuladas el 31 de octubre de 2017 y que facultaban al instituto, encargado de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México, a ordenarles lineamientos de ética a las televisoras y radiodifusoras, públicas y privadas, para normar sus contenidos, con el argumento de defensa de las audiencias.
Ahora, el amparo resuelto por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, obliga al Congreso y al presidente Andrés Manuel López Obrador a emitir un decreto que deje sin efectos el artículo 256 de la Ley Federal de Radio y Televisión –declarado inconstitucional– dentro de los siguientes treinta días.
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