La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la situación de personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos de América, México y Centroamérica, en especial por las recientes políticas y medidas adoptadas por los Estados en materia de migración y asilo; “la securitización, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas”.

Por lo que urgió a los Estados de la región a respetar y garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como los de los defensores de sus derechos humanos.

A partir de la implementación unilateral del programa “Quédate en México”, Estados Unidos ha devuelto a México a más de 10,000 personas para que esperen allí mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo. Ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de la cual cerca de 18,778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta los principios de junio para presentar su solicitud de asilo ante Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, de enero a julio de este año, México ha recibido en su territorio más de 30 mil solicitudes de la condición de refugiado.

La Comisión observa que políticas migratorias son contrarias a obligaciones de en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement), dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas.

De ahí que recordó que durante los últimos años, ha venido observando el aumento de la migración de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes buscan llegar a los Estados Unidos y, en menor medida, a México.

Uno de los factores que ha incidido en este aumento son las denominadas “caravanas de migrantes”, las cuales incluyen a personas con necesidades de protección, como solicitantes de asilo, refugiados, familias, madres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, en particular aquellas personas que viajan solas, entre otras.

El informe Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2018 de la Agencia de la Organización de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que a finales de 2018 se registraban 314.946 solicitantes de asilo y 72.229 refugiados de estos países a nivel mundial y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.

El organismo internacional ha observado que, como respuesta a esta situación, Estados Unidos de América y México han venido implementando políticas y prácticas de manera conjunta en materia de migración y asilo, las cuales están teniendo impactos directos en los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Además, la CIDH recibió información sobre las dificultades para las personas migrantes y solicitantes de asilo en el marco de este programa para garantizar su derecho al debido proceso y a la protección judicial, dado que deben esperar varios meses en México hasta sus audiencias en Estados Unidos, así como sobre las dificultades para acceder a los tribunales y tener representación legal.

Puntualizó que ha recibido información sobre casos de separación de familias bajo el Programa “Quédate en México” en los que los padres y/o madres permanecen en México, mientras que sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de los Estados Unidos de América.

Por lo que reiteró que la separación de los niños y el interrogatorio o procesamiento separado de los niños sin la presencia de sus padres o tutores es contraria a las normas y estándares del derecho internacional y al sistema interamericano de derechos humanos y urge a los Estados Unidos a cesar de inmediato toda práctica dirigida a separar a niños y niñas de sus padres o tutores como una medida para impedir la migración.

Asimismo, la CIDH toma nota tras el anuncio hecho por los Estados Unidos a finales de mayo de imponer aranceles a los productos mexicanos si México no frenaba la migración hacia Estados Unidos. Como resultado del anuncio hecho por el gobierno de los Estados Unidos, el 7 de junio de 2019, ambos Estados firmaron un acuerdo.

El Estado mexicano informó que había deportado a 39,653 migrantes en los primeros cuatro meses de 2019 y había enviado a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala a fin de fortalecer su frontera sur.