Las propuestas de seguridad de las y los candidatos ganadores al cargo de gobernador en las pasadas elecciones del 6 de junio, no reflejan la realidad de crimen y violencia que enfrentan las entidades federativas, ni estrategias que permitan articular las acciones de las instancias responsables de brindar seguridad y justicia desde lo local, consideró Causa en Común.
La organización realizó un análisis para conocer las plataformas políticas de los partidos, coaliciones y candidatos electos, así como las acciones en materia de seguridad que pronunciaron en medios de comunicación y debates públicos.
En una conferencia virtual, se concluyó que al menos las 11 gubernaturas ganadas por el partido Morena y sus aliados, siguen replicando el modelo federal de militarización, a través de solicitar mayor número de elementos de la Guardia Nacional, o incluso la creación de una “guardias estatales”; se insiste en abandonar a las policías locales y no se contemplan acciones en materia de prevención.
Además, la presunta relación de algunos de candidatos con organizaciones criminales, es una señal de la mayor gravedad para la gobernabilidad y la seguridad en dichas entidades.
Para reflexionar sobre las perspectivas de seguridad en Michoacán, San Luis Potosí y Chihuahua, Causa en Común realizó el Foro “Elecciones 2021: propuestas en materia de seguridad desde lo local”.
En este evento participaron Salvador Maldonado Aranda, profesor investigador de El Colegio de Michoacán; Diana Chávarri Cazaurag, directora Zona Norte del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec); Luis Alberto Osornio, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Maldonado Aranda señaló que “hay muy poca coordinación entre los órganos de seguridad locales y federales, cada quien trabaja bajo sus esquemas”.
Abundó en el contexto complejo que vive el estado de Michoacán, en donde se han aplicado todas las estrategias nacionales sin éxito, por lo que es necesario integrar esquemas de seguridad localizados, es decir, donde exista una mayor coordinación pero se privilegien la estrategias locales, donde existan 3 ejes principales: un esquema de seguridad localizado, con atención a la prevención y a la inseguridad, un trabajo coordinado y transparente y la atención al fenómeno de las autodefensas.
En ese sentido apuntó el ejemplo de Cherán, un municipio autónomo que bajo su autogestión ha logrado reducir su incidencia delictiva drásticamente, hasta reportar un solo delito al mes.
Indicó que a largo plazo se requiere de mayor congruencia en una estrategia federal contra la delincuencia organizada, ya que esta ha ganado terreno y control no solo sobre las policías locales, sino sobre áreas estratégicas para el manejo de recursos económicos, como lo es la dirección de obras públicas. En general, “gran parte del problema es que los límites son borrosos a nivel local”.
En tanto, Diana Chávarri Cazaurag dijo que la gobernadora electa de Chihuahua gobernará con tan solo el 28% de los municipios afines a su coalición, por lo que el tema de la coordinación deberá ser fundamental para alcanzar buenos resultados en materia de seguridad.
Aseguró que “se requiere de voluntad política en los tres niveles de gobierno para que, independientemente del partido político en el estado o municipio, el tema de seguridad se mantenga en una ruta distinta a las disputas político-partidistas.” No obstante, afirmó que “hay un vacío de conocimiento fino del problema de seguridad”, lo cual llevó a contar con propuestas superficiales por parte de los candidatos dentro de la elección a gobernador.
Luis Alberto Osornio aseguró que el fortalecimiento de las policías municipales debe convertirse en la línea guía para una política de seguridad efectiva en el Estado.
En su intervención, María Elena Morera manifestó que, “desde luego que hacen mucho daño las definiciones que se toman desde el Gobierno Federal, pero ello no debe ser pretexto para tirar la toalla a nivel local. Hay márgenes de acción, hay ideas para obtener recursos además de los fondos tradicionales; sobre todo, hay un compromiso con la gente para dar resultados.”
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La presidenta de Causa en Común insistió en que “se deben rescatar a nuestros policías, y darles lo mínimo indispensable para enfrentar situaciones de enorme peligro. Se les tienen que dar mejores sueldos, prestaciones, equipamiento e instalaciones. Deben también crear fiscalías estatales realmente capaces de investigar.
Debe establecerse el control por parte del gobierno al interior de los penales. Deben también crear programas emergentes de empleo. Deben de imaginarse acciones específicas de prevención de la violencia. Debe, ante todo, insistir en la creación de puentes entre comunidades y autoridades.”
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