El sistema de procuración de justicia del Estado de México enfrenta importantes fallas estructurales, mismas que se agravaron con la respuesta estatal a la pandemia por Covid-19, lo que afecta las investigaciones sobre feminicidios y la desaparición de mujeres, alertó Amnistía Internacional.

El organismo internacional expuso que esa situación ha causado violación a los derechos humanos de las familias de las víctimas, por la revictimización que sufren y por la impunidad en la que quedan numerosos casos.

En la presentación del Informe “Como anillo al dedo”. El impacto de la pandemia de Covid-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México,

investigación que fue realizada entre marzo y septiembre de 2020, resaltó que las fallas estructurales en el sistema de procuración de Justicia del Edomex, impiden el acceso de las mujeres a la justicia y generan impunidad.

Para el estudio se realizaron 23 entrevistas a personas que trabajan en los servicios de procuración de justicia, titulares de derechos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado de México.

La investigación incluyó una revisión de los estándares internacionales, relativos a los derechos humanos de las mujeres y a la situación generada por la pandemia.

También fue revisada la legislación nacional y estatal en materia de feminicidio y desapariciones, así como la investigación penal de estos delitos en México y, en particular, en el Estado de México, entre otros documentos.

Los problemas y deficiencias detectadas en la investigación ocurren en un contexto en el que en algunos municipios del Estado de México han tenido lugar, en los últimos años, una serie de brutales feminicidios, que los han llevado a ser comparados con los emblemáticos asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez.

Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) han hecho observaciones a las investigaciones penales en el Estado de México, en las que se han constatado irregularidades y se ha reconocido la violación a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y al debido proceso –entre otros- de mujeres víctimas de violencia.

Ante la llegada de la pandemia la Fiscalía adoptó diversas medidas para atender esos problemas. Pese a ello, Amnistía Internacional identificó en su investigación tres problemáticas en los servicios de procuración de justicia, relacionadas con: un incremento de la carga de trabajo durante la pandemia, hasta niveles insostenibles; una insuficiente digitalización y acceso desigual a la tecnología y descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional.

Ante esta situación, Amnistía Internacional elaboró diversas recomendaciones como la tiene que ver con la necesidad de que los servicios de procuración de justicia cuenten con recursos humanos e infraestructura necesarias para cumplir su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

Elaborar un plan de respuesta inmediata para atender las situaciones en las que varios miembros de una misma unidad se contagien o deban estar en cuarentena, de manera que se evite el cierre de la unidad y la detención de sus funciones.