Aunque el equipo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), no tiene como prioridad ver números, sino rostros humanos, el año pasado, en sus 54 casas y albergues de migrantes que tiene en el país, atendió a 499,995 personas integradas un alto número de familias y de niñas, niños y adolescentes (NNA), sigue siendo la población masculina el número más alto de migrantes.
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Y los números hablan de la magnitud del flujo, del compromiso como Iglesia y sobre todo de la preocupación por hacer de la atención humanitaria una vivencia del evangelio.
En el informe de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH), menciona que del total de atenciones 193 mil fueron hombres; 113 mil mujeres y 80 mil 760 niños, niñas y adolescentes y 17 mil 213 eran migrantes mexicanos.
En materia de movilidad humana, el principal reto que abordó la Iglesia Católica fue el de proporcionar atención humanitaria y asesoramiento legal directos a través de las Casas del Migrante, Parroquias y comedores a las personas migrantes y refugiadas, las cuales esperaban resoluciones de trámites ante alguna autoridad como el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
El Observatorio de Derechos Humanos de la PMH brindó atención a 3 mil 635 personas, de las cuales 2 mil 433 fueron orientaciones, 2 mil 636 asesorías y 400 representaciones.
Además, 19 quejas presentadas y 4 medidas cautelares solicitadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la promoción de 2 juicios de amparo y un juicio de nulidad, así como la aprobación de 98 tarjetas de visitante por razones humanitarias y otras 94 solicitadas.
2023 un reto para atención migratoria
El documento refiere que en el 2023 fue un año de abundantes retos para la Iglesia Católica en su labor de atención a personas migrantes y refugiadas en territorio mexicano.
Los números son elocuentes para ilustrar la complicada coyuntura que se vive en el país: 566 mil 361 personas migrantes detenidas en territorio nacional; 215 mil 815 personas deportadas de territorio nacional; la repatriación de 214 mil 849 mexicanos desde Estados Unidos; 141 mil 053 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado y sólo 28 mil 534 personas reconocidas como tales.
En este panorama, refiere la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), centró sus esfuerzos en proporcionar información veraz a las personas migrantes y refugiadas sobre las vías regulares y opciones que tenían para permanecer en México, así como de indicarles los peligros a los que se enfrentarían en su tránsito por territorio nacional.
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Aunado a lo anterior, las políticas migratorias de Estados Unidos influyeron en el diseño y ejecución de las decisiones que México tiene que tomar para responder en su compromiso de atender los flujos migratorios.
Responsabilidad Católica
Por ejemplo, las personas migrantes no sólo esperaron por trámites ante las autoridades mexicanas, sino que esperaron en casas del migrante, albergues y parroquias ante la posibilidad de ingresar por una vía regular a Estados Unidos (cita CBP ONE, Parole Humanitario), lo que implicó estancias no sólo de semanas, sino de meses en espacios principalmente de la Iglesia Católica en todo el territorio mexicano, refiere.
El balance resalta que en consecuencia, la atención humanitaria decantó en responsabilidades para los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y agentes de pastoral, quienes, bajo los principios de responsabilidad social, derechos humanos, y de la pastoral social, materializaron su compromiso evangélico de amor cristiano hacia las personas migrantes y refugiadas.
2023 fue el año con mayores registros en las Casas del Migrante, Albergues y Parroquias de la Iglesia Católica, esto como consecuencia de la presión del gobierno de los Estados Unidos hacia México para contener los flujos migratorios, señaló el organismo católico.
Las autoridades responsables como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mostraron una falta de coordinación alarmante y negligente con otros órganos del gobierno federal, y los gobiernos locales.
Lo anterior impactó en la gestión migratoria dejando a las personas migrantes y refugiadas sin posibilidad de contar con documentación o regularización de su situación migratoria.
Del total de las personas 17 mil 213 son ciudadanos mexicanos, un número que sigue siendo elevado, considerando que la mayoría de los mexicanos que emigran no pasan a través de los Centros de Atención, sino que buscan desplazarse directamente a la frontera y la mayoría de los que se tiene registro han sido deportados de los Estados Unidos.
También hay que considerar que ni los registros de la Unidad Política de Migración, ni las cifras proporcionadas por las casas del migrante reflejan el total del flujo migratorio, pues bien sabemos que hay un alto porcentaje de personas de las que no se tiene ningún registro, por varias razones.
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