El número de desapariciones denunciadas en México aumentó a más de 61 mil 637, manifestó Amnistia Internacional, tras alertar que persiste la violencia contra las mujeres, con mil 006 investigaciones abiertas sobre feminicidios y continua el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

En su Informe Anual para las Américas 2019, el organismo internacional subrayó que “México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019”.

Asimismo, destaca que el país sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza”.

Destacó que México fue uno de los países más peligrosos para la prensa, con un escenario de violencia contra los migrantes indocumentados y las mujeres, el cual se suma a un grave entorno de homicidios.

Amnistía Internacional resaltó que las autoridades mexicanas detuvieron a 186 mil 750 migrantes en situación irregular y deportaron a 123 mil 239. De los deportados, el 98% procedía de Centroamérica, y casi la mitad de Honduras.

Además, en el 2019 las autoridades estadunidenses obligaron a más de 59 mil solicitantes de asilo a regresar a México y permanecer allí mientras se examinaban sus solicitudes.

También el gobierno mexicano mantuvo recluidos a más de 51 mil 999 menores en centros para inmigrantes.

El informe dado a conocer este día indica que “en su primer año, el nuevo gobierno adoptó un enfoque de las cuestiones migratorias basado en la seguridad, en el que utilizó a la Guardia Nacional para capturar a personas migrantes.

Y alertó que tomó preocupantes decisiones respecto a la seguridad, incluida la creación de una Guardia Nacional formada principalmente por elementos militares”.

El reporte de AI refiere que mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional.

Especificó que el año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país.

Pero también se vio que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva, comentó

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.