En su carácter de interlocutor de buena fe, el senador Ricardo Monreal Ávila recibió a un grupo de gobernadores para, juntos, analizar, estudiar y ponderar una propuesta para evitar la impunidad en el sistema penal. La intención es clara, unidos buscan erradicar “la puerta giratoria” o “los huecos legales”.
Durante la reunión “Hacia una reforma penal de todos y para todos”, encabezada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, inició un diálogo directo entre gobernadores y el Senado de la República.
El Senador Ricardo Monreal se comprometió a que en los próximos días podrían reunirse con la Junta de Coordinación Política para instalar la Comisión Mixta para trabajar todos los temas y puedan aprobarlos en consenso y mejorar la seguridad en los estados.
Reconoció a los gobernadores, que son ellos quienes sean los que tienen mayor dificultad porque son los que se enfrentan con la inseguridad y el crimen organizado.
El objetivo, de acuerdo con el senador Monreal, es la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la procuración e impartición de justicia, el Senado se vuelve a situar como un interlocutor de buena fe, por lo que se destacó la disposición de los gobernadores para trabajar de manera coordinada en la construcción de una reforma en materia de justicia penal que beneficie a la sociedad.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Fue quien presentó la propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con cinco los ejes guía: 1) El fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5) la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.
La Mesa de Trabajo presidida por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila los gobernadores de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Oaxaca, Alejandro Murat, de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Así como el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué; la presidenta del Colectivo 50 + 1, María Elena Orantes y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.
Algunos de los objetivos específicos de la propuesta son:
1.- Rescatar la institución del Ministerio Público, redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliar el tiempo de las medidas de protección a víctimas, clarificar el control judicial para detenciones en flagrancia, precisar y desagregar los supuestos de flagrancia;
2.-Concretar una enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que bajo ninguna circunstancia debe ser revisable y ampliar los supuestos de peligro de sustracción del imputado.
3.-Igualmente se busca ampliar la procedencia de los acuerdos reparatorios, permitir el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia sin necesidad de control judicial, robustecer el criterio de oportunidad para el ministerio público, redimensionar el ingreso a domicilios en persecuciones en flagrancia y permitir la efectiva obtención de información protegida por secreto bancario, entre otros objetivos.
Tlaxcala. Marco Antonio Mena Rodríguez. Ante la Mesa de Trabajo comentó que, como gobernadores, una vez que se detienen a las personas, por diferentes razones hay muchos casos de impunidad. Se topan con que los responsables encuentren huecos para evadir la ley y la idea es que con la reforma se pueden brindar procedimientos ágiles. Apeló por las pruebas anticipadas en casos de menores de edad y delitos sexuales, ya que permitirían incrementar la eficacia, se resguardaría la posición y el carácter de testigo, que sería de por ello sería una gran herramienta tenerla.
Veracruz. Cuitláhuac García expuso los convenios de colaboración entre Oaxaca y Veracruz, por la cercanía geográfica, han trabajado algunos casos en conjunto, sin embargo se han topado con que las bandas delictivas siguen libres y esos esfuerzos no han sido suficientes. Apeló a que la ley es perfectible, y que con el esfuerzo de todos podría llegarse a un código nacional de procedimientos penal que garantice que los culpables de los delitos reciban la pena que les corresponde.
Hidalgo, Omar Fayad. Aunque llegó retrasado a la reunión, apenas se sentó y le dieron la palabra, y rápido expresó que no se trata de ir atrás en este nuevo sistema de justicia penal, pidió revisar lo que existe, tomando en cuenta el escenario actual en México.
Desde la CONAGO, recordó que realizaron un foro con la participación civil, donde la propuesta fue discutida y se enriqueció, donde se planteaba reformar el Artículo 19 Constitucional y el 22 de la Constitución, además se proponían reformas a 20 artículos para hacer más funcional el sistema de justicia. El propósito era evitar la impunidad, dar un giro a la justicia, de ponerse en lugar de las víctimas.
Invitó a incluir la revisión de todo el paquete de leyes inherentes al sistema penal y de seguridad pública. La participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los gobernadores, a los poderes judiciales estatales, académicos, la sociedad.
Francisco Cervantes, Presidente de la Concamin. Continuado con los lazos del Senado con el sector empresarial, destacó en su participación que en la población se ve el aumento a la incertidumbre y la desconfianza en todos los niveles y perspectivas generadas por la reducción del presupuesto en políticas públicas. Urgió a trabajar todos los sectores para fortalecer el sistema penal, combatir la impunidad, la corrupción y en evitar que los delincuentes usen la famosa puerta giratoria, que lesiona los derechos de los mexicanos.
Los industriales están convencidos en contar con un estado de derecho sólido, que genera un estado de bienestar para la población.
