Pedir una carta responsiva a los padres de familia para que sus hijos regresen a clases presenciales, no solo es un acto irresponsable y una omisión grave de las autoridades, que tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación y a la salud de todos los niños y las niñas mexicanos, y por ende, su regreso seguro y saludable a las aulas.
Así lo declaró Paulina Amozurrutia, coordinadora general del Movimiento Educación con Rumbo al criticar los diez puntos dados a conocer por las autoridades educativas, en los que trasladan a los padres de familia toda la responsabilidad del proceso del regreso presencial, desde la limpieza de las escuelas y salones, hasta la grave situación de firmar una carta responsiva.
“La responsabilidad del regreso a clases presenciales empieza desde el Ejecutivo Federal y baja a todos los secretarios de Estado, directores de área y gobiernos estatales”, señaló Paulina Amozurrutia al manifestarse sorprendida por el anuncio hecho por las autoridades, lo que deja en claro que no hay una estrategia ni un protocolo sanitario integral para que los niños vuelvan a las escuelas.
En entrevista para LA PRENSA, la coordinadora del Movimiento Educación con Rumbo manifestó su preocupación por la ausencia de planes y programas de regularización que permitan recuperar el rezago educativo que ha dejado los casi 16 meses del cierre de escuelas y que se hará evidente cuando los maestros de tercero o cuarto año quieran dar la clase de historia y se encuentren alumnos que ni siquiera saben leer.
“Los maestros deberán decidir en estos casos si deben continuar dando la clase de historia o si primero deben enseñar a los niños a leer”, señaló al recordar que el regreso a las aulas se llevará a cabo sin tener una evaluación previa, ya que la prueba PISA del año pasado se canceló por el argumento de la pandemia.
Aquí hay una corresponsabilidad de todos los actores educativos para establecer una estrategia integral de regreso a clases, destacó Amozurrutia al lamentar que la autoridad dé este tipo de bandazos, con el propósito de deslindarse de su responsabilidad, e incluso, haga comentarios groseros y ofensivos contra los padres de familia, como aquello de que “los llevan a los niños a las plazas comerciales pero no los quieren llevar a la escuela”.
Este tipo de expresiones muestran una falta de sensibilidad hacia la situación por la que atraviesan los padres de familia, quienes tienen que salir a trabajar y tienen la preocupación de dónde dejar a sus hijos
Paulina Amozurrutia expresó que la gran mayoría de los padres y madres de familia sí quieren que sus hijos regresen a clases; sin embargo, advirtió que es la autoridad la que ha fallado, no ha tenido el liderazgo para conducir un proceso organizado e integral y, por el contrario, se distrae en asuntos que no son urgentes ni necesarias, como la nueva redacción de los libros de texto.
“Las autoridades, como servidores públicos deben liderar este proceso, porque dejarlo a voluntad y en manos de los padres de familia, es un acto de irresponsabilidad, un acto grave de corrupción e incumplimiento de la obligación del Estado para garantizar el acceso a la salud y a la educación de todos los niños mexicanos”, apuntó.
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La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud no están entendiendo que ellos tienen la responsabilidad y obligación de generar un protocolo; “y desde el llamado para que el regreso sea voluntario hasta la firma de una carta responsiva nos hace preguntarnos: ¿entonces para qué están ellos en esos puestos?, señaló.
Amozurrutia advirtió que la responsabilidad de llevar a los niños a la escuela recae total y absolutamente en los padres de familia, quienes además están obligados a enviar a sus hijos con cubrebocas y gel desinfectante, lo que representará un gasto extra cuando la mayoría de las familias atraviesan una difícil situación económica por la pandemia.
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